Síguenos en Google News
La Fiscalía de Derechos Humanos recibió la denuncia de la familia de la víctima, la cual se investiga desde hace varios años.
Concluida la investigación se presentó el requerimiento fiscal y han solicitado al juez citar a los imputados para la audiencia de declaración de imputado respectiva.
La investigación
Según testimonios, pruebas documentales y periciales, Pineda Silva ingresó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para someterse a una cesárea.
Sin embargo, fue intervenida hasta el día siguiente de su registro como interna.
Este retraso generó a la paciente en una "situación de vulnerabilidad a los tejidos adyacentes, llevándolos incluso al rompimiento", señala el comunicado.
Al parecer, detalla la Fiscalía, la ginecóloga pidió al cirujano "su intervención y reparación de tejidos, no obstante, éste no exploró, no practicó procedimientos específicos y con ello la ginecóloga resolvió terminar la cesárea dándole el alta a la paciente".
Al estar en su casa de habitación la ofendida comenzó a manifestar síntomas como malestar general y vómitos, por lo que nuevamente acudió en busca de atención médica al IHSS.
Se le atendió en emergencia y el ginecólogo de turno, refiere la Fiscalía, no le practicó los exámenes propios de las emergencias,. "Se limitó a recetar analgésicos que únicamente habrían complicado el padecimiento de la señora", señala el MP.
A los tres días de la primera emergencia, la paciente se complicó en su salud y de nuevo acudió al IHSS, donde fue atendida por otro cirujano quien descubrió que tenía su intestino roto y una sepsis.
Por ello el MP acredita la responsabilidad médica y para sustentar su teoría presentan la debida carga probatoria en el caso.
Demostrarán aseguran que hubo mala praxis. o sea responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia. Una negligencia médica, por un acto mal realizado por parte de los dos médicos que atendieron a la paciente y que suponen produjo su muerte.
Otros casos
En otras investigaciones, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que también realizó diligencias de investigación en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), para tomar declaraciones y realizar inspecciones.
Aunque no detalla explícitamente el objeto de la investigación, el comunicado solo refiere que se recibieron denuncias en contra de efectivos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y en contra de agentes penitenciarios.
Otro caso que investigan es en Valle de Ángeles, donde se realizó el decomiso de videos en diferentes puntos del municipio. Esto en virtud de la existencia de denuncias contra efectivos de la Policía Nacional que son investigados.
LEA: MP busca capturar a quienes cobraron cheques de familias de víctimas de incendio en penal de SPS