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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó este martes un informe en el que resaltó que la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia y la impunidad marcaron la situación de los derechos humanos en Honduras en 2021.
Asimismo, según la OACNUDH, estos factores se sumaron a la crisis sanitaria y humanitaria provocada por el covid-19 y por las devastaciones causadas en 2020 por los huracanes Eta y Iota.
La representante del OACNUDH, Isabel Albaladejo Escribano, indicó que los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía fueron afectados por la pandemia, que agravó los niveles de pobreza y desigualdad.
De acuerdo con el informe, la economía decreció 9 puntos en 2020, y aun con las previsiones más optimistas para 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) no habría recuperado los niveles de 2019.
La pobreza pasó de 64.7 por ciento en 2019 a 73.6 por ciento en 2021, según cifras publicadas a julio de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística.
src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/sCs60gb4qDvQ6F?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no">Violencia e inseguridad
Según datos oficiales, la tasa de homicidios para 2021 fue de 39 por cada 100 mil habitantes. La violencia tuvo un impacto agravado en las mujeres y en la comunidad LGBTI.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), el país registró 318 muertes violentas de mujeres (más de seis por semana) y la organización Cattrachas reportó 28 muertes violentas de personas LGBTI.
Asimismo, el informe reveló que en 2021 se reportaron 32 casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad; de los cuales, 14 son muertes por detención, 12 torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y seis ejecuciones extrajudiciales.
Entre estos casos de violaciones de derechos humanos está la muerte de la joven Keyla Martínez en una estación policial tras ser detenida por incumplir un toque de queda por como medida de precaución ate el covid-19 en el municipio de La Esperanza, Intibucá.
La representante también informó que la OACNUDH documentó nueve posibles casos de tortura o malos tratos por miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) durante interrogatorios realizados antes del registro formal de la detención.
Proceso electoral
La OACNUDH dio seguimiento a la situación de derechos humanos durante todo el proceso electoral desde la convocatoria a elecciones primarias, en septiembre de 2020.
Además, durante los días previos y posteriores a los comicios del 28 de noviembre de 2021, desplegó equipos de monitoreo en 14 de los 18 departamentos del país.
El periodo preelectoral se distinguió por altos índices de violencia política. Desde la convocatoria a elecciones, la OACNUDH registró 69 casos, que incluyen 32 muertes violentas, 17 atentados y siete agresiones.
"La violencia impactó mayormente a los tres principales partidos políticos (Nacional, Liberal y Libre) y se dio, predominantemente, a nivel local, sobre todo contra candidatos a alcaldes, vicealcaldes, diputados y miembros de partidos políticos, afectando el ejercicio del derecho de participación en asuntos públicos y otros derechos humanos", cita el informe.
Asimismo, se indica que en 2021 la participación de las mujeres en la política alcanzó al 38.3 por ciento de la composición de los directorios de los tres principales partidos políticos.
Corrupción
El informe de la OACNUDH señala que el decreto 93-2021 que reformó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos eliminan el enriquecimiento ilícito y la falta de justificación económica como conductas precedentes al bloque de capitales.
La OACNUDH registró al menos 17 casos de personas, cuyas causas asociadas a corrupción y lavado de activos, fueron sobreseídas tras la entrada en vigor de la reforma.
Por otro lado, el 2 de noviembre de 2021, las causas en contra de seis miembros del antiguo Consejo de la Judicatura, con relación a 600 delitos de malversación, abuso de autoridad y falsificación de documentos, fueron sobreseídas con base en el decreto 116-2019.
Vea además: La OACNUDH expresa su preocupación por elección del procurador y subprocurador de la PGR de Honduras
