Este jueves, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra ocho oficiales en servicio activo de la Policía Nacional, acusados de robo y otros delitos en detrimento de un ciudadano de San Pedro Sula, Cortés, en la zona norte de Honduras.

Los señalados son Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López, todos adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El caso está siendo llevado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) del Ministerio Público.

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A los agentes se les imputan delitos como asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios públicos.

Relación de hechos

Según la investigación de la UF-ADPOL, el 12 de enero de 2024, a las 4:40 de la madrugada, los acusados llegaron a una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula a bordo de dos vehículos tipo pick up sin placas.

Los funcionarios policiales rompieron violentamente el portón para ingresar y se dirigieron a la habitación del propietario de la casa y lo llevaron a la sala, donde lo golpearon en todo el cuerpo mientras otros efectivos registraban el inmueble.

El Ministerio Público afirma que, después de golpearlo, los oficiales lo interrogaron sobre la ubicación de dinero, drogas, armas de fuego y bienes de valor, a lo que él respondió negativamente.

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Mientras era interrogado, los oficiales le quitaron dos iPhones, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch y un arma de fuego. Además, intentaron desactivar el sistema de cámaras de la vivienda.

Dinero a cambio de liberación

Según las investigaciones, los oficiales de la DPI retuvieron al ciudadano durante más de tres horas, lo trasladaron a diferentes lugares de San Pedro Sula y le exigieron 350 mil lempiras para liberarlo, a pesar de que él afirmaba no tener esa cantidad.

Basándose en las declaraciones del afectado, el Ministerio Público señala que él vio a uno de los oficiales sacar bolsas de su chaleco antibalas y colocarlas en su mochila y en horas del amanecer lo llevaron a las instalaciones de la DPI bajo amenazas de muerte.

Los policías presentaron al ciudadano como miembro de una estructura criminal, basándose en informes de investigación falsos. Para ello, plantaron bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática tipo ametralladora marca UZI, con la intención de incriminarlo falsamente ante la Fiscalía, concluye el MP.

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