En las últimas horas, después de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, convocó a la integración de la Junta Proponente, se generaron dudas en torno a quién representará a las organizaciones de sociedad civil.

Se especuló que solo la Alianza por la Paz y Justicia (APJ) podría integrar la Junta Proponente, como había quedado establecido en un artículo de la Ley del Ministerio Público.

Sin embargo, el Poder Judicial, a través de su portavoz, Melvin Duarte, aclaró que ese artículo fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, mediante la sentencia SCO-0623-2013 del 22 de noviembre de 2016.

"Es de interés de este poder del Estado dejar en claro lo establecido en la sentencia, mediante la que la Sala de lo Constitucional expulsó ese aspecto, y permitió que todas las organizaciones de sociedad civil puedan aspirar (a ser parte de la Junta Proponente)", explicó Duarte.

El lunes, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, giró la convocatoria para la integración de los representantes de la Junta Proponente.

Se convocó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a las universidades privadas, al Colegio de Abogados de Honduras (CAH), a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y a la designación de un representante de las organizaciones de sociedad civil.

Y se sugirió a las alianzas y coaliciones de sociedad civil celebrar una asamblea y, con mayoría de votos, elegir a su representante.

La CSJ estableció el 22 de mayo como fecha límite para presentar las acreditaciones de los representantes.

La Junta Proponente evaluará a los postulantes y remitirá una nómina de cinco candidatos y candidatas al Congreso Nacional, donde, con un mínimo de 86 votos, se elegirá al fiscal general del período 2023-2028.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, finalizará su periodo constitucional (su segundo consecutivo) el próximo 31 de agosto.

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