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El exdiputado, Oswaldo Ramos Soto, llegó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer a la audiencia de declaración de imputados, junto a otros 13 señalados, en caso de corrupción en el Congreso Nacional.
Entre los demás implicados se encuentra el diputado Alberto Chedrani Castañeda y los exlegisladores Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.
"Se nos requiere por el delito de fraude, diciendo que malversamos dineros que fueron asignados en el Fondo Departamental y eso no tiene fundamentos", detalló Soto previo a su audiencia.
Señaló que la acusación daña a su familia y a los hondureños que lo apoyan, al mismo tiempo afirmó que se somete a la justicia bajo su predica de respetar el Estado de derecho, creyendo que se declarará su inocencia.
"Uno lo toma por sorpresa, yo he manejado instituciones, mucho dinero y jamás he sido objeto de una imputación de esta naturaleza (...) tengo mis argumentos y medios probatorios para evidenciar mi inocencia", indicó.
El excongresista se limitó a explicar que en gestiones relacionadas al Fondo Departamental los diputados solo son gestores, mientras las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son las ejecutoras y quienes deben liquidar los montos.
"Yo en ningún momento me he echado a la bolsa dinero del pueblo hondureño, se ha invertido en respuestas y soluciones y voy a evidenciarlo", manifestó.
Soto señaló que no puede desprestigiar al Ministerio Público por la acusación, tampoco a quienes son de una ideología distinta a la suya o criterios de terceros en el caso, esto relacionado a la posibilidad considerarlo una persecución política.
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Acusación
El Ministerio Público establece que los congresistas crearon las ONGs Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO) para desarrollar 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en Francisco Morazán, Cortés y Copán, sin embargo, desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
Asimismo, se informó que los imputados habrían desviado fondos para gastos personales y de campaña política.
El modus operandi se basó en que los diputados drenaban los recursos estatales, y estos los captaban los directivos de las ONGs para retornarlo a los legisladores en sus cuentas bancarias.
Entre los casos concretos, se conoció que Chedrani percibió 19 depósitos que sumaron más de L 2.9 millones, entretanto Ramos Soto fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.
- Otros requeridos
La Fiscalía también acusó a Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE) y José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO).
Así como a Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Casulá Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya como sospechosos de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.
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