Una prueba de esta situación es el oficio No-1069-DPM-SRECI-2023, fechado el 17 de octubre de 2023, en el cual el subsecretario de Relaciones Exteriores, Antonio García, envió a Sibrián un oficio reconociéndolo como fiscal general adjunto y solicitó su colaboración en el mecanismo de examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
El escrito establecía que se revisarían varios instrumentos durante el segundo ciclo de examen y se requería al Ministerio Público actualizar un listado y remitir información antes del 23 de octubre de 2023.
Además de estas comunicaciones, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, señaló este martes en Frente a Frente de Canal 5 que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también envió varias comunicaciones oficiales a Sibrián entre el 1 de septiembre y el 2 de noviembre.
Espinoza destacó que si la CSJ no reconociera la autoridad de Sibrián como fiscal general por ministerio de la ley, no se habría dirigido a él de ninguna manera.
"Si la Corte hubiese pensado igual como los compañeros diputados de Libre, sencillamente no se hubiera dirigido a Cibrián de ninguna manera, y estoy segura y sí debería de sacar las comunicaciones donde la corte reconoce que él es el fiscal por ministerio de la ley", cuestionó Espinoza.
Controversia
La controversia se origina en el hecho de que, el 31 de agosto, Daniel Sibrián (fiscal general adjunto del período 2018-2023) y el exfiscal general Óscar Chinchilla concluyeron su período constitucional de cinco años.
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Sin embargo, Sibrián decidió mantenerse en el cargo y asumir las funciones de fiscal general, amparándose en una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la CSJ del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional permanecer en funciones hasta que se elijan sus sustitutos.
En medio de esta situación, diputados oficialistas como el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, desconocieron la autoridad temporal de Sibrián en el Ministerio Público.
Incluso, cuando Sibrián presentó su renuncia ante el Congreso Nacional el 1 de septiembre, el presidente Redondo la calificó como "extemporánea" y se negó a someterla al pleno de diputados.
Fiscales interinos vía Comisión Permanente
Posteriormente, el 1 de noviembre, argumentando vacancia absoluta, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo e integrada por ocho diputados oficialistas, nombró interinamente a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, a pesar de la oposición de otras bancadas del Congreso Nacional.
Además, según Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, la Comisión Permanente del Congreso Nacional podría utilizar un argumento similar de vacancia definitiva para nombrar a los sustitutos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos magistrados cesarán en sus funciones el 7 de diciembre.
Desde el pasado 16 de febrero, el pleno de tres magistrados del TSC se encuentra incompleto, luego de que Roy Pineda renunciara y fuera elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El otro órgano que podría sufrir el mismo destino, según la oposición, sería el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pues Gaudy Bustillo, al igual que Pineda, resultó electa magistrada de la Corte Suprema, y otro magistrado del TJE, Ernesto Paz Aguilar, falleció el pasado 4 de julio, por lo que ese pleno solo cuenta con la magistrada Miriam Barahona.
Tanto los magistrados del TSC como los del TJE son elegidos por el Congreso Nacional, los primeros con 65 votos y los segundos con 86.
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