Esta acción se llevó a cabo bajo la supervisión de la extinta Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, establecida según lo estipulado en la Ley Especial para la Depuración Policial.

Abel Orellana, quien ejerce como apoderado legal en representación de los policías que fueron separados debido a problemas de idoneidad y faltas disciplinarias, afirmó que el Poder Ejecutivo dispuso el reingreso de alrededor de 2,000 agentes.

Estos individuos fueron sometidos a cursos de preparación y actualización con el propósito de asegurar su aptitud para desempeñar sus responsabilidades laborales.

Los funcionarios en cuestión presentaron una demanda ante la Corte de Apelaciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alegando que su separación se efectuó sin fundamentos válidos y, en algunos casos, sin otorgarles la oportunidad de presentar una audiencia de descargo.

Abogado Orellana explicó que, "los que se reingresan a la institución tienen que desistir de las acciones legales, como 'borrón y cuenta nueva'. Ellos reingresan a la labor, pero queda a criterio de los jefes policiales sobre los beneficios (derechos)", según mencionó en una entrevista concedida a la emisora de radio HRN.

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En sus demandas legales, los oficiales y agentes solicitaron el pago de los salarios que dejaron de percibir desde su separación, así como el reconocimiento de su antigüedad, el disfrute de vacaciones, el pago del décimo cuarto y décimo tercer salario, además de la promoción al grado inmediato superior.

Por otro lado, Orellana informó que, como parte de los términos de reinstalación para ciertos individuos, se les destinó a labores como agentes penitenciarios.

Hasta la fecha, se tiene constancia de que al menos 45 agentes de policía depurados están trabajando en instalaciones carcelarias.

En contraste, este profesional del derecho señaló que alrededor de 1,500 agentes y oficiales aún mantienen demandas activas contra el Estado debido a su separación.

En gran medida, este grupo está compuesto por individuos mayores de 45 años de edad, a quienes no se les brindó la oportunidad de reintegrarse sin la condición de pasar nuevamente por el Instituto Técnico Policial (ITP).

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