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El estadio de fútbol Emilio Larach ubicado en la colonia Kennedy en Tegucigalpa, capital de Honduras, cerró sus instalaciones este miércoles debido al cobro de extorsión, que en este año ha tenido un fuerte repunte en todo el país.
Administradores del recinto deportivo, que prefirieron el anonimato, confirmaron a medios locales que criminales llegaron a dejar una nota extorsiva y un celular para obligarlos a pagar el mal llamado "impuesto de guerra".
Por esa razón y sin precisar la cantidad de dinero exigida por los extorsionadores, el predio lleva varios días cerrado. Esto, por temor a que los antisociales atenten contra la vida de los responsables de administrar ese estadio y la integridad de sus familiares.
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Sin embargo, aseveraron que las instalaciones deportivas ubicadas en la Kennedy estarán clausuradas por tiempo indefinido hasta que la extorsión en el país mejore.
De igual forma, las autoridades del estadio Emilio Larach denunciaron que otros recintos deportivos de Tegucigalpa pagan extorsión para poder desarrollar sus campeonatos.
Cabe destacar que en el estadio Emilio Larach juegan diferentes ligas de fútbol burocráticas, veteranos, ligas menores, torneos gubernamentales. Asimismo, ha servido como casa de equipos de la Liga de Ascenso y como centro de actividades de centros educativos.
Extorsión en Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) realizó un informe sobre la extorsión en Honduras, donde concluyó que en el país se podría estar pagando más de 18 billones de lempiras al año por motivo de este flagelo.
El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, indicó que más de 847 mil ciudadanos son víctimas de dicho delito, lo que se traduce a una cifra mayor de 206 mil familias, es decir el 9% de los hogares en la nación.
Por su parte, el investigador y analista de ASJ, Edgar Aguilar, detalló que una víctima de dicho delito en Honduras paga al año un promedio 87 mil 400 lempiras al crimen organizado.
Cobros por extorsión
Según un informe de 2021 de Global Financial Integrity (GFI), anualmente Honduras paga entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión.
Algunos comerciantes han denunciado que el pago de extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como dos de las principales.
La extorsión está tipificada como delito en el artículo 222 del Código Penal hondureño y establece una pena de tres a nueve años de acuerdo a la gravedad e insistencia del delito.
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