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La Pornografía infantil, el delito informático que más se comete en Honduras, deja entre 800 a 900 reportes mensuales, más de 170 denuncias de estafas electrónicas, y hackeo a tres empresas son parte de los delitos informáticos que registra la Unidad de Investigación Contra Delitos Informáticos (UICDI) de la Policía Nacional.
A estos se suman el robo de identidad, acoso cibernético, violencia contra la mujer, amenazas a muerte, contacto con finalidad sexual de menores y clonación de tarjetas de crédito.
Los niños, víctimas indefensas ante los depredadores. La distribución de material pornográfico en las redes sociales es uno de los ciberdelitos más comunes, según datos del Ministerio Publico. Ese material es vendido e incluso intercambiado con otras personas a nivel nacional e internacional.
“Son personas mayores que se hacen pasar por jóvenes y hay menores también. Otros se hacen pasar por niñas para captar las "víctimas”, dice el fiscal. La Policía ha logrado detectar agresores que van desde los 14 hasta los 70 años y hay hasta familiares. Los departamentos con más casos son: Francisco Morazán, Cortés, Copán y Atlántida.
¿Cómo ubican a las víctimas?
En chats, foros de videojuegos los lugares donde están al acecho para cometer el delito de pornografía infantil. Les ofrecen regalos, engañan, les piden hacer videollamadas. “Los obligan a enseñar sus partes íntimas y cumplir los más oscuros deseos para obtener el contenido sexual, luego los amenazan con difundirlo si no cumplen con los pedidos”, dice un fiscal.
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En los casos que la UICDI conoce, encontró víctimas que van desde los tres meses de edad hasta los 14 años. “Los bebés son víctimas de sus propios hermanos mayores, de tíos o de las personas que se encargan de cuidarlos”.
Investigar estos casos lleva un promedio de uno a dos años. Las autoridades coordinan con varios países para desbaratar las redes de pornografía y también de tráfico ilegal de personas.
“Cuando en Estados Unidos o algún país de Europa se ejecuta un operativo para desbaratar redes de pornografía y encuentran que hay un hondureño en la red, por
el vínculo con un número telefónico.
Limitantes
Cuando se dan esas transferencias, la UIDCI dice que los bancos no dan acceso a esa
información. “Cuando la Policía tiene la información, el dinero ya ha salido de
los bancos. Es complejo, difícil”, señalan.
A veces hay suerte, logran congelar el dinero de las cuentas bancarias y lo regresan a las víctimas. Pero una vez recuperan el dinero, a las víctimas ya no les interesa seguir y el caso se para.
Hasta las grandes empresas han caído en las garras de ciberestafadores. Se incrementó el phishing (robo de identidades, fotografías, amenazas, difamación).
Pero desde el 2019, hay tres casos que investigan por el robo de información de empresas. “Se apoderaron de la información de las empresas, secuestraron la información”, dice el oficial a tunota.
Les dijeron: o pagan o no les liberan los datos. Las empresas afectadas no podían ver sus registros, ninguna información estaba a su alcance y para liberarla les pedían el pago en criptomonedas. El segundo ataque se dio en el año 2020 y el último a finales del 2021.
La UICDI refiere que no se pagó porque las empresas tenían respaldos de información en servidores diferentes y solo fue el retraso para reconstruir la información, lo que generó pérdidas porque muchos procesos se pararon.
Depuran la información
De todos los reportes se atienden los más urgentes. Son ocho especialistas que rastrean los datos. “Son reportes de violaciones en vivo, de alguien que compartió una foto y que se reproduce por la red a través de contactos”, comenta un agente.
Muchas personas piensan que difundiendo esa información para darla a conocer, ayuda, pero no saben que están cometiendo un delito con la difusión. La UICDI transfiere a la Fiscalía los casos y ellos deciden a quién se la asignan para la investigación, porque tienen dos agencias: la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
