El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, aseguró el lunes (31.1.2022) que la presidenta Xiomara Castro enviará una solicitud a las Naciones Unidas para instalar en el país una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cici).

De acuerdo con Reina, esta es una de las promesas de campaña que tuvo Xiomara Castro, luego de que en enero de 2020 el Gobierno hondureño diera por terminado el convenio de cuatro años de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que se creó con el impulso de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Esta es una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y una prioridad en los primeros cien días (de gobierno). Hemos estado trabajando desde semanas anteriores en la elaboración del borrador y esta semana estaremos enviando la solicitud oficial al secretario general (de las Naciones Unidad) António Guterres", explicó Reina.

El analista Efraín Díaz Arrivillaga aplaudió la decisión de la presidenta Xiomara Castro, quien públicamente ha anunciado que se instalará la Cici en Honduras.

"Me parece acertada la propuesta de la presidenta Xiomara Castro de retomar el tema de la comisión investigadora parecida a la Cicih o lo que fue la Maccih en su momento", indicó el analista.

Además, agregó que "el tema de la corrupción es un mal endémico en el país, le hace un gran daño a la nación y tiene un gran costo social que nos afecta a todos. Es correcto que se continúen las investigaciones".

Maccih en Honduras

La Maccih contribuyó a que se lograran condenas contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y el exadministrador de la entidad, José Ramón Bertetty, en el caso del desfalco de más de 7 mil millones de lempiras.

Asimismo, en diciembre de 2017, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), en colaboración con la Maccih, acusó a 5 diputados por malversación de fondos públicos a través de varias organizaciones no gubernamentales (ONG).

El caso fue llamado "Red de diputados", e implicó la participación de más de cien parlamentarios del Congreso Nacional, de los cuales 66 expedientes fueron traspasados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para ser investigados. El proceso penal se suspendió.

Lo anterior fue consecuencia de una reforma legal hecha por el Poder Legislativo que fue criticada por la Maccih.

Por otro lado, se descubiró el caso "Arca Abierta", en el que se acusó a los imputados por la malversación de caudales públicos por un monto de 21 millones de lempiras (más de 879 mil dólares) de la ONG "Planeta Verde"

En enero de 2020, el gobierno hondureño dio por terminado el convenio de cuatro años con la Maccih.

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