El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta (2015-2023), cuestionó este viernes el accionar de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) del Ministerio Público en la forma de investigar los casos de corrupción.

Durante la supervisión de los avances en los edificios judiciales de Yuscarán, en El Paraíso y la Villa de San Francisco, en Francisco Morazán, Argueta preguntó si la Uferco elige los casos que investiga por medio del "arbitrio" (decisión personal o capricho en que se basa una forma de actuar).

"Me gustaría que la Uferco diga cómo escogen los casos que investigan y cuál es el protocolo que siguen para tomar la decisión de acusar. O que nos digan si es al arbitrio que escogen esos casos", indicó el presidente de la CSJ.

Investigar con "responsabilidad"

Argueta mencionó que al momento de investigar, los procesos deben hacerse con "responsabilidad", al mismo tiempo que reflexionó sobre "cuál es el perfil profesional en los protocolos de investigación y toma de decisiones para saber a quién investigar y acusar".

"Debe de hacerse con responsabilidad (las investigaciones y acusaciones), porque yo he visto en estos años solo las acusaciones por parte de esa entidad (Uferco) a un solo sector de la población", señaló Argueta.

Asimismo, agregó que "la ley y la justicia para que sea efectiva debe ser pareja, debe de aplicarse por igual a todos sin distintos de ninguna naturaleza, ni partidos políticos, ideologías o aspectos económicos, ni religioso; sin ningún tipo de discriminación".

El presidente de la CSJ culminó su participación indicando que "hay muchos temas por mejorar, no solo en el aspecto de juzgar y ejecutar lo juzgado que es lo que hace el Poder Judicial".

Argueta vacará de su cargo en el presente año tras que el Congreso Nacional elija a la nueva CSJ para el periodo 2023-2030.

Ufecic - Maccih

La Uferco surgió a raíz de la alianza entre la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que investigaron varios casos de corrupción en el país.

La Maccih fue instalada en 2016 luego de un acuerdo entre Honduras con la Organización de Estados Americanos (OEA), pero en enero de 2020 el Congreso Nacional (de mayoría del Partido Nacional en ese entonces) no aprobó un segundo mandato de la Misión.

La Maccih contribuyó a que se lograran condenas contra el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, por el desfalco de más de 7 mil millones de lempiras.

Asimismo, en diciembre de 2017, acusaron a 5 diputados de malversación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales (ONG).

El caso fue llamado "Red de diputados", que implicó la participación de más de 100 parlamentarios del Congreso Nacional. Todos absueltos por la CSJ.

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