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Un mar de dudas genera el proyecto de Presupuesto General para el 2023 que se apresta a aprobar en el Congreso Nacional y que contempla dar "carta blanca" a los ministros y funcionarios para que realicen compras directas.
Dicha acción se realizará bajo un mecanismo especial, sin autorización de la presidenta de la República, Xiomara Castro.
La inquietud se despertó sobre el artículo 289 del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2023.
El artículo limita las facultades y responsabilidades de la Presidencia para autorizar compras directas.
Con ello faculta a las secretarías de Estado e instituciones centralizadas y descentralizadas, a utilizar un procedimiento de compras directas.
Artículo increíble
"El artículo 289 es increíble, porque se obvia la Ley de Contrataciones del Estado y que los ministros puedan, a discreción, sin consultar con la presidenta, realizar contrataciones directas", comentó el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez.
Y agregó que "no sabe si es que algunos se quieren pasar de vivos y le quieren jugar la vuelta a la presidenta Castro, o es que ella es demasiado permisiva con sus funcionarios".
Polémico artículo
Los artículos 289 y 290 contravienen el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado.
En ambos, tácitamente se indica que la Presidencia de la República autoriza la adquisión de bienes especializados, suministros, servicios de consultoría, compras de emergencia, entre otros.
"Eso ya está establecido, no entiendo porque quiere modificarse, porque ya hay niveles de autorización que debe tener cada uno (de los ministros)", dijo Manuel Bautista, ex presidente del Banco Central de Hnduras.
"Todo corresponde a una planificación", comentó Bautista.
La modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial se sustenta en atender la prioridad de realizar las compras directas en tiempo y forma.
Sin embargo, contrario a esta consideración, expertos en Derecho cuestionan la intención de realizar cambios que contradicen la normativa de la Ley de Contrataciones.
"Los administradores de las instituciones son los que maquiavelicamente realizan las planificaciones presupuestarias, buscan personas que quieren que participen y piden un porcentaje por adjudicar este tipo de contratos", dijo la abogada Selma Estrada.
Dos posibles salidas
Por su parte, desde el Congreso Nacional la Comisión de Presupuesto, ve dos salidas a la crítica que recibe por pretender eliminar la facultad y responsabilidad presidencial para compras directas.
"Vamos a tener una reunión con la Secretaría de Transparencia y Finanzas para tomar una decisión al respecto", dijo Hugo Noé Pino.
Se debe especificar en qué casos especiales se podrían dar (las compras directas) o eliminar el artículo", comentó el vicepresidente del Legislativo.
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