El propietario de la empresa DRC INC., el estadounidense Murray P. Farmer, advirtió que recurrirá a la justicia de su país para embargar la reserva de oro de Honduras para se le paguen de 2,600 millones de lempiras que, vía demanda, ganó por la suspensión de un contrato de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch en 1998 y que el Gobierno hondureño se niega a cancelar.
"Mis derechos van a ser exigidos contra la reserva hondureña, voy por el oro hondureño", dijo Murray en un video en su cuenta de Facebook.
En 2019, Honduras contaba con una reserva de 22 mil onzas troy de oro resguardados en un banco triple AAA en Estados Unidos.
Según un reportaje de diario La Tribuna del año 2021, el valor de las reservas de oro de Honduras es de 40 millones de dólares (alrededor de 988.42 millones de lempiras).
En su locución, Murray recordó que la sociedad DRC INC, tras el paso del meteoro, hizo distintas obras de 2000 a 2002 sin que el Gobierno hondureño le cancelara el acuerdo.
Honduras anuló el contrato
El Ejecutivo hondureño anuló el contrato bajo el argumento de que DRC INC. subcontrató a una compañía nacional para que ejecutara las obras y la legislación de Estados Unidos prohíbe a que empresas de ese país realicen estas operaciones.
DRC INC. demandó a Honduras ante la justicia civil y, tras 20 años de litigio, el Poder Judicial ordenó que se embargara la cuenta de la Tesorería General de la República por 2,600 millones de lempiras para hacer efectivo el pago, algo que el Ejecutivo aseguró que desacatará.
"Si no me pagan en Honduras, yo voy a ir a que me paguen allá (Estados Unidos); las consecuencias que vienen no son mi culpa, si se devalúa el lempira, es culpa de (la presidenta) Xiomara (Castro), no es culpa de Murray", expreso el inversionista.
Asimismo, aseguró que reaccionó sorprendido al escuchar a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, indicar que el Estado hondureño no pagará la millonaria demanda.
"Me tiene totalmente sorprendido que salió un representante de Xiomara Castro diciendo que no me va a pagar nada. Xiomara (Castro), tu no eres ningún juez y aquí no termina esto, tengo 20 años de estar peleando y no me voy a rendir", advirtió Farmer.
Después del huracán Mitch, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana DRC INC., un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
Para ejecutarlas, la empresa DRC INC. subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a Hondurasa fiscales especiales, quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
En 2007, la empresa DRC INC. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.
La empresa DRC INC. presentó una demanda contra Honduras en un Tribunal del Distrito Federal en Washington, Estados Unidos, con fundamento en un laudo arbitral internacional que dictó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En octubre de 2014, la Corte Federal en Washington dictó sentencia declarando que Honduras "no tiene obligación de pagar la deuda de USAID y que el Estado hondureño tiene inmunidad soberana".
"Decenas de trampas"
Pero, "después de decenas de trampas que se evidencian en las acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo postgolpe (de Estado en 2009), FHIS, Sedecoas, PGR, y en los expedientes administrativos y judiciales por más de 10 años", se emitió el falló contra el Estado, señaló un comunicado del Gobierno de Honduras.
Fue así que en 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras condenó al Estado a pagar a NAINSA, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios, y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales.
Finalmente, el Poder Judicial aplicó el embargo de la cuenta de la Tesorería General de la República por 2,600 millones de lempiras, pero no se aclaró si dentro de este monto se encuentran los 351.1 millones por daños y perjuicio a NAINSA y los otros 42 millones por honorarios.
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