Como un nuevo "pacto de impunidad" fue calificada la publicación de la amnistía para presos políticos y presos de conciencia que fue aprobada en el Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo.

El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, escribió en su cuenta de Twitter: "Impunidad es impunidad, no importa el color político; malo ayer, malo hoy y malo en el futuro".

En ese sentido, el abogado Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, advirtió que lo anterior podría encaminar a la disolución del Poder Legislativo.

"Todo encamina a una consulta popular para disolver el Congreso y llamar a constituyente", escribió Ramírez.

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Por su parte, el abogado Juan Carlos Barrientos, dijo a Noticieros Hoy Mismo de Televicentro que "hasta que no se establezca cuál de los dos Congresos va a manejar la agenda legislativa, todos los actos que realicen ambos son ilegales, están engañando al pueblo".

Mientras el el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, dijo que el sector privado está preocupado ante el escenario del gobierno actual en Honduras.

"El sector privado está preocupado porque estamos entrando en la misma situación que hemos estado en Gobiernos anteriores, toda Honduras votó por un cambio, pero no se ha trabajado en conjunto", manifestó Fortín.

El abogado constitucionalista, Oliver Erazo, manifestó que "es sumamente preocupante sobre como pudieron sancionar ese decreto cuando no hay una junta directiva en propiedad reconocida legalmente".

"Es preocupante porque están haciendo una tensión constitucional en el proceso de formación y creación de la ley", añadió.

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