"Es peligrosa esta propuesta, creemos que debemos ser serios y responsables al analizar este proyecto de Justicia Tributaria que de eso tiene nada", manifestó este miércoles en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.

El miércoles, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y el secretario director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, presentaron ante el Cohep, que preside Mateo Yibrín, el borrador del anteproyecto de decreto de la Ley de Justicia Tributaria.

La ley, que contiene 41 artículos, plantea "detener los abusos en los regímenes de las exoneraciones fiscales", "lograr que, sin crear nuevos impuestos, quien más gane, más pague" y "profundizar en la transparencia fiscal".

De esa forma, 16 de 18 regímenes de exoneración fiscal desaparecerían.

Sin embargo, desde el Cohep advierten de la peligrosidad de esta propuesta debido a que puede pretender "que la clase media sea aún más asfixiada".

"Mejor que el Gobierno nos explique si quiere que se mantengan las empresas o no se mantengan, o si quieren que se reduzca más la clase media, porque la posición del Gobierno es que los pobres y los ricos no paguen impuestos, y que lo haga más la clase media", añadió Urtecho.

En similares términos se pronunció el oficial de Política Económica del Cohep, Alejandro Kafati: "Por simple lógica es la clase media a la cual están atacando con este tipo de reformas que, mas allá de fomentar, creemos que destruyen el sector privado y, sobre todo, el clima de negocios".

Por último, el director ejecutivo del Cohep manifestó que el Gobierno, más allá de eliminar las exoneraciones o exenciones fiscales, debe "castigar" a quienes han abusado de ellas.

De interés: Cohep pide mejorar clima de inversión tras escuchar propuesta de reforma tributaria

"Si hay alguien que ha violado la ley, que lo sancionen. Si hay alguien que ha abusado de las exoneraciones, que lo sancionen (…) pero por el abuso de algunos, no quiere decir que deban sancionar a todo el sector privado", sentenció.

Exoneraciones 'son necesarias', según expertos

Según el planteamiento del Gobierno, en un período comprendido entre 2009 y 2022, los regímenes de exoneraciones fiscales, así como los beneficios otorgados a estos, representaron privilegios fiscales que suman L451,415.3 millones.

Solo en 2022, las exoneraciones sumaron L 57 mil millones, es decir, un 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

A pesar de lo anterior, a criterio del economista Carlos Urbizo, muchas de estas exoneraciones fiscales "eran necesarias".

"Aquí hacen cuentas de gran capital, están hablando de las exoneraciones y de los miles de millones que eso representa, pero no hablan de que si no hubieran existido ese tipo de leyes no hubiera habido actividad económica que hubiera generado el dinero que, ellos dicen, se perdió", declaró.

Además, manifestó que la pretensión del Gobierno, escondida en una aparente captación de recursos mayores para financiar los presupuestos generales de la República, sólo logrará que "el pueblo tenga menos dinero".

"Esta reforma tributaria tiene un fin y es recaudar más dinero para el Gobierno, no para el pueblo", agregó.

Eliminación de la SAPP y el CNI

Según se consigna en los artículos 38 y 39 de la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, instancias como el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Superintendencia de Alianzas Público-Privada (SAPP) pasarán a ser liquidadas.

Sobre este particular, el economista Urbizo aseguró que sí podría "ser algo viable".

"Eso sí podría ser, porque las alianzas público-privada sí funcionan en otros tipos de ambientes, en donde hay libre competencia y donde existe democracia (…) pero acá estas alianzas público-privadas fueron otra forma de seguir haciendo lo mismo, no para mejorar la condición del pueblo hondureño", argumentó.

En el contexto de las alianzas público-privada, por ejemplo, el Estado suscribió en los últimos años cuestionados contratos como el de la Empresa de Energía Hondureña (EEH) y el de la concesión del aeropuerto internacional Palmerola, en Comayagua, Comayagua.

Lea también: Reforma laboral para ampliar periodo pre- y postnatal, abre la polémica en el sector privado