En ese sentido, ejemplificó el caso de México, donde en 2012 su congreso aprobó un decreto para registrar a los propietarios de las tarjetas SIM, pero fue derogado un par de años después por no disminuir la criminalidad y resultar costoso.

"Las actividades extorsivas o delictivas aumentaron, se derogó luego de 2 o 3 años por ser ineficaz e ineficiente utilizando los recursos públicos y privados no de la mejor manera", detalló Gallitto en el foro Frente a Frente de Canal 5.

El experto hizo estas declaraciones considerando que el Congreso Nacional de Honduras está por discutir en tercer y último debate el proyecto de ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones, el cual busca crear una base de datos de propietarios de SIM para reducir los delitos como la extorsión.

Al respecto, Gallitto señaló que habrá otros mecanismos en los que los criminales realizarán sus fechorías, como el uso de SIM extranjeras y mecanismos OTT, como las redes sociales.

"Este tipo de iniciativas no contribuyen a mejorar la situación de la población en relación a delitos extorsivos o similares, sino por el contrario son un elemento que consume los recursos públicos y privados que podrían utilizarse de una manera más eficaz y eficiente", finalizó.

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Ley hondureña sería diferente

El gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), José Morales, indicó que la iniciativa legislativa pretende crear una base de datos que ordene la gestión que se ha dado a lo largo de los años.

En la actualidad, "sin entregar la identidad puede comprar 10 o 20 chips y eso es atípico, en ningún país del mundo se da ese mecanismo para adquirir SIM cards y teléfonos. La finalidad de este proyecto es valiosa en reducir los altos niveles de extorsión y criminalidad", dijo el funcionario.

En ese sentido, indicó que se usará la validación biométrica facial, la cual es utilizada en el proceso de enrolamiento del Documento Nacional de Identificación (DNI), para identificar a los propietarios de los chips.

El proceso "no es engorroso y viene a darle una seguridad al Estado muy amplia, porque en el caso de la extorsión lo que hacen es que adquieren un chip, hacen la extorsión lo eliminan, ponen otro y no hay ningún tipo de control a ese servicio", finalizó Morales.

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