El Ministerio Público ejecuta este viernes en Honduras la Operación "Némesis VII" en la que, entre otras acciones, está solicitando la privación definitiva del dominio de 40 bienes del exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y de su esposa, Thelma Umaña Powell, acusados por lavado de activos.

Se trata de 15 bienes inmuebles (residencias y terrenos), seis vehículos, 16 cuentas bancarias, dos sociedades mercantiles y un lote de semovientes, identificados por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), informó la Fiscalía en un comunicado.

Estas acciones van en paralelo al requerimiento fiscal con orden de captura y a los iniciales aseguramientos promovidos en febrero de 2021 contra Ramírez del Cid y su esposa, agregó el Ministerio Público.

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Investigaciones contra Ramírez

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en un periodo de 10 años (2007 – 2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por 37 millones 740 mil 181.78 lempiras (L 37,740,181.78), de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto de 26 millones 744 mil 669.18 lempiras (26,744,669.18).

A esa cantidad de dinero se suma un millón 473 mil 226.79 lempiras (L 1,473,226.79) no justificado por la esposa de Ramírez del Cid, según la Fiscalía.

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Entre los bienes contra los que se pretende que recaiga una sentencia de confiscación definitiva, sobresalen tres inmuebles en Nacaome, Valle, entre los que se encuentra la Lotificadora Villas Belén, que consta de más de 400 lotes de terreno, así como un inmueble en Guanaja, Islas de la Bahía.

Operación "Némesis VII"

En la Operación Némesis VII, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC investigan también en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el manejo de un fideicomiso suscrito en 2014 con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) por un monto superior a los 400 millones de lempiras.

Las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, según una denuncia en poder del Ministerio Público.

Además, la denuncia incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) de la administración anterior.

Requerimiento fiscal

Por otra parte, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal contra tres funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en afectación a los derechos de propiedad del pueblo garífuna de Tornabé, Tela, Atlántida.

Más acciones de Némesis VII

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública interpuso una causa en contra de una ex servidora del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, Cortés, por falsificación de documentos públicos.

Mientras que en la alcaldía de Tocoa, Colón, se iniciaron diligencias investigativas por un permiso concedido en 2016 a la empresa minera Ecotek, citando al alcalde Adán Fúnez y a representantes de la compañía.

También, durante la Operación Némesis VII, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia efectuará inspecciones por supuestas irregularidades en los juzgados de paz de Guaimaca, Francisco Morazán, así como se acusará en la ciudad de Nacaome, Valle, a elementos de la Policía Nacional.

Acciones por violencia de género

Las acciones contemplan también 40 requerimientos por violencia de género en la zona central por parte de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, y se judicializarán casos de asesinato, femicidio, homicidio, extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos.

Coordinación

La Operación Némesis la coordinan fiscalías especiales, fiscalías regionales y locales, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la ATIC, informó el Ministerio Público.

Estas acciones cuentan con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones, Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, Policía Militar del Orden Público, Dirección Policial Nacional Antidrogas, la Dirección de Inteligencia Policial, Fuerzas Armadas y autoridades administrativas, concluyó el comunicado del MP.

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