La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, se presentó el martes (01.02.2022) al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, capital de Honduras, para la repetición del juicio oral y público en su contra por los supuestos delitos de fraude y apropiación indebida.

Al llegar a los tribunales capitalinos, Rosa Elena de Lobo aseguró que la repetición de su juicio es una oportunidad de demostrar que ella no tomó dinero que no le pertenecía.   

“Lo único que pido es que se me haga justicia, que me dejen defenderme. Quiero demostrar que yo no tomé nada y puedo hacerlo”, expresó la ex primera dama de Honduras.

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Asimismo, afirmó que ella lo único que hizo fue seguir instrucciones de la comisión de transición del gobierno que iniciaba en el 2014, pero que "nos hicieron una mala jugada".

En ese sentido, aseguró también que ella era el trofeo de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y que ahora que el abogado Juan Orlando Hernández no es presidente de la República, tendrá la oportunidad de defenderse.

Fondos para zapatos y uniformes   

Por su parte, el exmandatario de Honduras y esposo de la imputada, Porfirio Lobo Sosa, explicó que los fondos por los cuales acusan de fraude y apropiación indebida a la ex primera dama eran donaciones en dólares que ella cambió a lempiras.  

De igual forma, que su esposa acordó con la comisión del gobierno, que iniciaba en 2014, usar ese dinero para comprar zapatos y uniformes para que la nueva primera dama tuviera que entregar a los niños hondureños.

Además, señaló que Rosa de Lobo hizo la liquidación correspondiente y la entrega de casi 5 millones de lempiras sobrantes a través de un cheque, no obstante, manifestó que por órdenes del expresidente Juan Orlando Hernández se le abrió el proceso penal a su esposa.   

“No sabían del acuerdo que había entre Juan Orlando y Luis Almagro (secretario general de la OEA) que entregara a todos los líderes de su partido y a cambio de eso no lo tocaban a él ni a su familia”, agregó

Rosa Elena de Lobo fue condenada a 58 años de prisión en septiembre de 2019, por los delitos de apropiación indebida y fraude, por el caso denominado por la Maccih como “La Caja Chica de la Dama”.

No obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en marzo de 2020 repetir el juicio contra la ex primera dama por quebrantamiento de forma del proceso penal.

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