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Por segunda y última ocasión la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) libró comunicación al Congreso Nacional (CN) para que dentro del plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles remita los antecedentes correspondientes al proceso de formación del decreto legislativo 4-2022.
Dicho decreto, ha sido cuestionado por diversos juristas nacionales y organizaciones sociales, al denominarlo como "pacto de impunidad".
La Sala de lo Constitucional solicita esta información para que posteriormente, sea trasladado al Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, para que emita su opinión respecto a los cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuesto de oficio por la Sala Penal de la CSJ.
Tres han sido interpuestos de igual manera por la juez de sentencia, Karla Romero, y uno por un Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés. La primera vez que la Sala Constitucional pidió esta información al Legislativo fue el 24 de mayo pasado.
Decreto de amnistía
El Congreso Nacional aprobó la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, para conceder amnistía a "presos políticos" del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, seis meses antes de concluir su mandato.
No obstante diversos sectores calificaron la ley como un "pacto de impunidad" pues no beneficiaría solo a perseguidos políticos, sino también a servidores públicos de otras administraciones señalados por actos de corrupción.
El decreto incluye delitos penales como abuso de autoridad; violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Al menos media docena de exfuncionarios del gobierno de Zelaya, que estaba procesados por corrupción, ha sido beneficiados con la amnistía política.
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