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En un pronunciamiento, el CNA destaca que, de acuerdo con el oficio PCS] No. 92-2023, el próximo 17 de febrero de 2024 deberían llevarse a cabo las rotaciones en la presidencia y coordinaciones de las Salas, tal como establece la normativa.

Sin embargo, la organización anticorrupción asegura tener conocimiento de supuestas "intenciones oscuras" de modificar la ley para obstaculizar la alternabilidad, yendo en contra de lo estipulado en el artículo 16 del reglamento interior de la CSJ.

En dicho artículo, segundo párrafo, establece condiciones equitativas para los quince magistrados que integran las Salas, otorgándoles la facultad de ocupar la presidencia y coordinaciones respectivas. Esta disposición, según el Consejo, busca garantizar la imparcialidad y equidad en el ejercicio de dichas funciones.

En especial, el CNA señala la importancia de la Sala Constitucional en la vida democrática, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica del Estado como intérprete último de la Constitución.

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Expresa su preocupación de que las presuntas intenciones continuistas busquen mantener la pasividad y el silencio cómplice de la actual presidenta de dicha Sala, Sonia Marlina Dubón, quien aún no se ha pronunciado sobre recursos de inconstitucionalidad presentados.

Es público que Dubón fue propuesta por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y según el orden establecido, su sucesor en la presidencia sería el magistrado Luis Fernando Padilla, mocionado por el Partido Nacional.

El pronunciamiento destaca que realizar reformas, con tres cuartas partes de los magistrados (12 de 15), antes de las rotaciones evidenciaría la intención de imponer comportamientos orientados al continuismo, una práctica tradicional que criticada en el pasado por aquellos que actualmente lideran el país.

Finalmente, el CNA hace un llamado urgente a los actuales magistrados para que no cedan ante las posibles presiones destinadas a reformar el reglamento interno y obstaculizar la alternabilidad. Argumenta que estos magistrados tienen la responsabilidad de ser garantes de la independencia institucional e individual que les asiste por ley.

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