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La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declaró no ha lugar la solicitud de cambio de medidas para el excapitán de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, Santos Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, acusados del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, confirmó este jueves el Poder Judicial.
Sobre lo anterior, la portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, detalló que se realizaron dos audiencias, y una fue la solicitud de cambio de medidas.
"El médico forense que revisó a estas personas ha indicado que a pesar que ellas tienen enfermedades de base; son situaciones que pueden ser controladas en el centro donde están recluidas", dijo Villars.
El Ministerio Público (MP) acusa a los tres imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Al respecto, la portavoz indicó que en la audiencia de proposición de medios de prueba fueron admitidos el 95 por ciento de los propuestos por las partes procesales.
"En el caso de la audiencia de proposición de medios de prueba se han admitido en este caso aproximadamente un 95 por ciento de los medios de prueba presentados por las partes procesales", reiteró.
La portavoz de la CSJ adelantó que los medios de prueba admitidos serán desarrollados y evacuados durante la etapa del juicio oral y público.
No obstante, mencionó que el Tribunal de Sentencia todavía no programa la fecha para el juicio oral; porque un perito de la Fiscalía tiene que estar presente en otra audiencia. Sin embargo, el desarrollo del juicio oral en contra del excapitán Santos Orellana y familiares podría realizarse en 2023, estimó Villars.
Captura de Santos Orellana
Santos Orellana fue capturado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en noviembre de 2021 en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
De acuerdo con el ente acusador del Estado, un testigo protegido aseguró que, el exmilitar; luego de operaciones antinarcóticos en las que participaba se quedaba con parte de la droga incautada.
Asimismo, que el armamento incautado lo distribuía a una organización criminal en la zona atlántica de Honduras. Además, que habría participado en la muerte de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
