Cuando están exacerbadas las acciones de los delincuentes comunes y de los criminales organizados, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público tienen posturas encontradas en cuanto a sus áreas de incidencia.

Funcionaros de mando de la cartera ministerial de Seguridad han señalado que la Fiscalía ha tomado el monopolio de la investigación criminal en los casos más significativos o expedientes emblemáticos, incluso de aquéllos que han sido avanzados por la Policía.

De conformidad con estos mismos cuestionamientos, la institución que ejerce la acción penal pública se habría desmarcado de un trabajo conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y con otras dependencias especializadas.

Los  entendidos en el tema de la seguridad son del criterio que, en general, ninguna de las instancias que tienen la competencia de la investigación muestran resultados nulos por la negligencia de sus actuaciones.

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Los organismos de la sociedad civil que sistemáticamente realizan estudios sobre el fenómeno de la criminalidad en el país, consideran que el punto más débil ha sido la investigación.

Las cifras no muestran un avance, aunque sea modesto en dicha área de intervención. De cada diez crímenes, quizá uno o dos son llevados por una investigación que termina en la judicialización y condena de los responsables.

Un examen comparativo de las tareas ejecutadas por los operadores de justicia, elaborado por versados en criminología, sostiene que "la falta de investigación se ha convertido en tierra fértil de la impunidad".

Un informe de organismos de la sociedad civil subraya, asimismo, que otra de las condiciones que inciden en los pobres resultados es la lentitud con que se da cada paso en la resolución de los crímenes.

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Teóricamente, la etapa de investigación toma alrededor de seis meses y se supone que la fase judicial que incluye las audiencias inicial, preliminar y de proposición de pruebas, además del juicio oral y público, dura alrededor de 15 meses.

Lo que está de fondo es que muy pocos crímenes son conducidos a desenlace exitoso en los plazos fijados. En la mayoría de ellos nunca son conocidos los móviles y mucho menos identificados los responsables para ser llevados a la cárcel.

Dos mil veintidós presenta una acción desenfrenada de los grupos de delincuentes comunes y malhechores organizados, dedicados a la extorsión, sicariato y narcotráfico.

Hasta el 6 de marzo se habían consumado 643 homicidios, un promedio de 10 eventos al día. Enero ha sido el mes más violento con 11 hechos, mientras febrero y el mes actual  aparecen con ocho o 10 sucesos en los reportes de la Policía Nacional que aún no están validados por el Observatorio de la Violencia.

La capacidad de las fuerzas de seguridad y la competencia de las agencias de investigación están rebasadas. Los funcionarios que dirigen las instituciones encargadas de perseguir el delito y de impartir la justicia a los culpables, tienen una deuda por saldar: formular una estrategia integral y de acciones duras contra los grupos del hampa.

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