Sin lugar recurso de inconstitucionalidad que buscaba invalidar amnistía política
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar un recurso de inconstitucional que pretendía anular la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de febrero de 2022 y con la que se han beneficiado políticos hondureños acusados de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
El recurso de inconstitucional había sido interpuesto por la abogada Karla Lizeth Romero Dávila, mismo que se dirigía al decreto legislativo 4-2022 denominado "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan", conocida también como amnistía política.
Este solo es uno de los cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la amnistía política, tres de ellos por la juez de sentencia Karla Lizeth Romero Dávila, y uno por un Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés (norte).
Cabe señalar que actualmente la Sala Constitucional es presidida por la magistrada Sonia Marlina Dubón, esposa del actuar asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien se ha favorecido de la amnistía política por delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Sin embargo, Marlina Dubón se abstuvo en la votación y en su lugar se integró a un magistrado de la Sala Penal, en este caso Mario Díaz.
Además, conforman la Sala Constitucional los magistrados: Francisca Villela Závala, Isbela Bustillo Hernández, Luis Fernando Padilla Castellanos y Wagner Vallecillo Paredes.
De su lado, la jueza Karla Romero manifestó: "Vamos a leer con atención la resolución que nuestros honorables magistrados de la Sala Constitucional han emitido y acatar lo que en derecho corresponde".
Flores Lanza fue acusado por 11 delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad en perjuicio del Estado de Honduras, entre ellos, el caso conocido como "El Carretillazo" durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (200-2006).
Flores Lanza en conjunto con el exgerente administrativo del Despacho Presidencial, Rafael Barahona, sustrajeron 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras para la "Cuarta Urna" en junio de 2009, así como también la malversación de cerca de 500 mil dólares, de los fondos de cooperación del Gobierno de China Taiwán.
El proyecto de la "Cuarta Urna" era un plebiscito en el que se consultaría a la población hondureña si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente durante el Gobierno de Zelaya.
Asimismo, el exgerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri -primo de la presidenta Xiomara Castro-, fue beneficiado por la amnistía.
Chimirri fue hallado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y enriquecimiento ilícito, por los que había sido condenado a 17 años de prisión.
Además, el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), José Rosario Bonano (2006-2009) fue acusado por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, por lo que solicitó ampararse al decreto legislativo.
Ley de amnistía
El Parlamento hondureño, de mayoría del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda), aprobó en febrero de 2022 una ley para amnistiar a las víctimas del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
El decreto amnistía de los delitos penales como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
La amnistía se aplica a quienes fungieron como funcionarios en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) que fueron procesados tras el golpe de Estado contra este, lo que ha sido calificado por críticos como un nuevo "pacto de impunidad".
