Dos exempleadas de la alcaldía de San Pedro Sula, en Cortés, solicitaron este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se les aplique el decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional para que se les absuelva de los delitos de malversación de fondos y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado de Honduras.

Se trata de Lilian Ameyda Meza Hernández y Olga Marina Ponce, quienes fungieron como empleadas de la alcaldía de San Pedro Sula hasta el 25 de abril del año 2017 cuando se presentó el requerimiento en su contra.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Meza y Ponce, junto a otros ocho empleados más de la corporación municipal de San Pedro Sula, realizaban cobros de impuestos de comercio, industria y servicios, fondos que nunca llegaron a las cuentas de la alcaldía.

Una vez que los contribuyentes realizaban el pago de estos impuestos en efectivo, los funcionaros tomaban el dinero, introducían los datos al sistema de la municipalidad, digitaban el cobro y entregaban un recibo.

Sin embargo, el dinero por dichos cobros no ingresaban a las arcas de la alcaldía de San Pedro Sula, realizando la malversación de fondos, de acuerdo a la Fiscalía.

Además, los funcionarios realizaban cobros por impuestos de bienes inmuebles, impuesto vecinal y algunos servicios públicos brindados por la municipalidad.

Decreto de amnistía

Las hondureños estarían siendo beneficiadas por la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional el pasado 3 de febrero mediante la creación de la "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan".

En esa misma ley abarca a víctimas del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 y que fueron acusados por delitos políticos, también se incluye un decreto de amnistía por delitos penales.

De acuerdo con el decreto, se concede amnistía general las personas que hayan sido acusadas penalmente y se desempeñaron como funcionarios entre el 27 de enero 2006 al 28 de junio 2000.

Según ese instrumento, quedarán amnistiados quienes haya incurrido en abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

También los culpables o procesados por fraude, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, y criminalidad organizada, entre otros.

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