El Gobierno de Honduras aprobó esta semana por 45 días más la implementación de un estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2020, para enfrentar la violencia criminal y la extorsión.

La medida, prorrogada por segunda ocasión, se extendió de 75 a 123 de los 298 municipios del país centroamericano, según las autoridades hondureñas.

"Nuestros sistemas de monitoreo y análisis, así como la atención directa a la población, nos ha permitido identificar una tendencia regional de abuso de la figura de estados de excepción para combatir la delincuencia y criminalidad", señaló la organización en un comunicado.

La delincuencia se puede enfrentar, según Cristosal, con "mecanismos ordinarios que no vulneren derechos humanos ni restrinjan garantías de justicia para la ciudadanía, evitando así revictimizar a la población más vulnerable".

Cristosal indicó que afrontar la inseguridad en Honduras es posible con "políticas integrales de Estado que contemplen la protección, rehabilitación, prevención y persecución del delito en el marco de la Ley".

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Abordar causas de la delincuencia

Las medidas deben, también, abordar las causas estructurales de la delincuencia, involucrar a los diversos sectores y generar consensos para lograrlo, añadió.

Pero lo "más importante es que tengan al centro el empoderamiento de las víctimas y la búsqueda de una mejor calidad de vida para toda la población hondureña", destacó la organización humanitaria.

Cristosal atendió en 2022 a más de 2,000 víctimas de desplazamiento forzado en Honduras, una situación que "nos ha acercado a las realidades de miles de familias afectadas por el accionar delincuencial y las extorsiones, a quienes manifestamos nuestra más profunda solidaridad".

La extorsión es una "problemática compartida por la región norte de Centroamérica que sin duda requiere medidas urgentes, innovadoras e integrales que brinden soluciones de largo plazo", enfatizó.

La organización instó a Honduras a promover "espacios propositivos para el diálogo" y "consensos", y crear políticas integrales de seguridad que llenen las expectativas de la sociedad y garanticen la justicia, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad en "un momento crucial para el fortalecimiento de la democracia" en el país centroamericano.

Muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado "impuesto de guerra", extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país en las últimas décadas.

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