El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, aseguró este miércoles que el rubro sigue afectado por el cobro del llamado "impuesto de guerra" pese a que hace un mes se lanzó el “Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.

En declaraciones para La Tarde de HRN, Cálix indicó que "la problemática todavía continúa, hay que ser claros que este es un problema que viene arrastrándose en los últimos 20 años y creemos que sí hay algunos logros que se pueden decir públicamente por parte de la Policía Nacional".

"Este mes de diciembre no nos han aumentado las extorsiones, pero a las mismas estructuras criminales se sigue pagando; no ha aumentado y no ha bajado en el sector transporte", recalcó el dirigente del rubro.

La Policía Nacional lanzó recientemente el Plan Nacional Antiextorsión dirigido a combatir de forma integral el delito de extorsión y los factores que lo generan.

En el diseño de dicha estrategia antiextorsión se contempló la participación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Policía Militar del Orden Público (PMOP) y Policía Nacional.

En ese sentido, Cálix expuso que "en la primera fase nosotros creemos que ellos (la Policía) tiene que montar toda la inteligencia para ver cómo contener, pero después en los próximos meses debería de venir hacia la baja el tema de la extorsión".

Agregó que creen que "ese plan no solo es la prevención, también tiene que ser la inteligencia, judicialización y la penalización que da la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".

Extorsión en Honduras

En Honduras se pagan anualmente entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión, según un informe de Global Financial Integrity (GFI).

Algunos comerciantes han denunciado que el pago de la extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como dos de las principales.

La extorsión está tipificada como delito en el artículo 222 del Código Penal hondureño y establece una pena de tres a nueve años de acuerdo a la gravedad e insistencia del delito.

"El plan debe ampliarse hasta que este flagelo que azota, no solo al sector transporte sino a la ciudadanía en general, debe de continuar mínimo dos años para que tenga una estabilidad y una seguridad del pueblo hondureño", cerró Cálix.

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