El dictamen quiere dejar sin efecto la interpretación legislativa de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal aprobada en el Congreso Nacional el 22 de mayo de 2020, que limitó al Ministerio Público haciendo que este deba extender una nota solicitando una aprobación al juez competente para poder secuestrar documentos, lo que puede dejar en suspenso la acción penal.

"Le devolvemos las facultades al MP, especialmente a la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción) que pueda secuestrar documentos para efectos de investigación del crimen organizado", explicó Barrios a Noticieros Hoy Mismo, de TSi.

Al respecto, con la reforma se agiliza el proceso para que presente los requerimiento fiscales pertinentes.

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"Estas reformas ya tienen dos debates, hoy es el tercer y último debate. Una vez que se presente el dictamen al Pleno (del Congreso Nacional) la Junta Directiva y el presidente deben someterlo a votación", manifestó.

El congresista detalló que esta parte del proceso legislativo llega después de lograr consenso entre las bancadas de los partidos que integran el Congreso Nacional.

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