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Familiares, amigos y compañeros de armas, dieron este martes el último adiós a los tres agentes de la Policía Nacional que murieron violentamente en la aldea Agua Amarilla del municipio de Trujillo, Colón, en el Caribe de Honduras.
Jonathan Josué Ramos, uno de los tres policías asesinados fue sepultado en el municipio de La Venta, en el departamento de Francisco Morazán.
Al lugar se hicieron presentes altos mandos de la institución policial con el objetivo de brindar apoyo a los parientes.
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Entre tanto, la familia del clase I, Jairo Ortiz, realizó el sepelio del agente en la aldea de El Tabacal en el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, al sur del país.
De igual forma, al entierro de Ortiz llegaron jefes policiales para ser parte de las honras fúnebres.
Finalmente, las exequias del policía Juan Carlos Murillo, se efectuó en el oriental municipio de Salamá, Olancho.
Al momento de su último adiós, familiares de Murillo exigieron a las autoridades dar con el paradero de los responsables del múltiple crimen.
En los sepelios se entregaron los acuerdos de duelo a los familiares y respectivamente los ascensos póstumos.
Recompensa
Horas después del crimen de los tres uniformados, la Policía Nacional informó que ofrecía 500 mil lempiras de recompensa por información que lleve a la detención de los responsables de cometer el múltiple crimen.
Tras esta acción de las autoridades policiales, se capturó a un sujeto, señalado presuntamente de participar en la muerte violenta de los tres oficiales en Trujillo, Colón.
Los agentes policiales fueron asesinados a balazos mientras realizaban un patrullaje, a pesar de que en Colón está prohibido el porte de armas desde agosto de 2012. Esto, cuando el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley sobre Control de Armas, Municiones y Explosivos.
En los últimos años, Colón ha sido escenario de un conflicto entre campesinos y terratenientes que ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, su mayoría labriegos, según datos de organismos de derechos humanos.
El conflicto se concentra en el sector del Bajo Aguán, donde campesinos exigen tierras al Gobierno, que ha comprado unas 4,400 hectáreas, muchas de ellas cultivadas con palma africana, y las ha otorgado a dos movimientos de labradores organizados.
