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Una víctima de extorsión está pagando 87,427 lempiras anualmente en Honduras,
según un informe publicado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
El pago promedio por extorsión es de L10,710. Todo depende de los montos que cobran los criminales y de la recurrencia del pago: si es semanal, quincenal o mensual.
Si bien los pagos tradicionales han sido en efectivo, las nuevas modalidades van desde depósitos bancarios y medios digitales, rifas, compras forzadas de servicios o bienes, prestación forzada de servicios y préstamos clandestinos.
“Los extorsionadores también están causando desempleo. Son muchos negocios pequeños y grandes comerciantes que han cerrado y otros se fueron del país”, lamenta Gonzálo Sánchez, criminalista.
Una víctima de la extorsión, en su mayoría guarda silencio, teme denunciar por las represalias.
La población espera que las acciones que plantea la Policía por el flagelo de la extorsión, tengan éxito y la incidencia del delito baje.
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Tras los cabecillas
Las estadísticas en el Poder Judicial revelan que el 97% de los acusados están involucrados en recibir el dinero o bienes; el 90% en hacer la amenaza, 16% en transportar el dinero y menos del 1% en planificar el delito.
Sin embargo, “se trabaja en una estrategia que va tras los cabecillas. Una vez que sometan a las estructuras, a los grandes, a los de arriba, lo demás viene por añadidura”, refiere Sánchez a tunota.
A criterio del analista, a los pandilleros solo les quedan dos opciones: o se van del país o enfrentan la justicia.
En este combate a la extorsión se incorporan la Comisión Nacional de Bancas
y Seguros (CNBS), Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia (CSJ), instituciones de telefonía y todas las unidades de inteligencia en el país.
Las víctimas
El informe da cuenta de 847,154 niñas, niños, jóvenes y adultos que son impactados por la extorsión en Honduras; pero, de todos los afectados, solo el 1% del total
de casos se denuncia.
El grupo más afectado por este delito está entre los 30 y 50 años de edad, según el Ministerio Público.
Francisco Morazán y Cortés, son los departamentos que presentan mayores problemas.
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La extorsión ha llegado a comunidades impensables. En zonas rurales este flagelo ahora intimida, amenaza y provoca en algunos casos el desplazamiento de familias.
En Santa Rosa de Copán, por ejemplo, la extorsión llegó a pequeños, medianos y grandes negocios.
Las llamadas extorsivas han puesto en alerta a los pobladores que ahora sufren en
carne propia.
“Llaman, piden hasta 50 mil lempiras. Nos amenazan con venir a tirotear el negocio y es algo que antes era inimaginable que ocurriera. Nos sentimos impotentes”, manifiesta un comerciante.
