El Estado de Honduras asumió este lunes responsabilidad internacional por el asesinato de una mujer transgénero, Vicky Hernández, al tiempo que pidió perdón a sus familiares, informó la presidenta de la República, Xiomara Castro.
Vicky Hernández era una trabajadora sexual y activista en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, asesinada a los 26 años durante el golpe de Estado de 2009 y en un contexto de ataques y violencia contra la población trans.
La responsabilidad de esta muerte la asumió el Estado casi un año después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una sentencia condenando a Honduras por el hecho.
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La mandataria Castro indicó que el asesinato de Hernández no fue investigado con la debida diligencia vulnerando los derechos a las garantías del debido proceso y a la protección judicial.
Reparación de Estado
Como medidas de reparación el gobierno dirigido por Xiomara Castro se comprometió a publicar la sentencia de la CIDH y su resumen, promover la investigación de la muerte de Vicky Hernández y otorgar una beca de estudios a la sobrina de la víctima, Argelia Reyes Ríos.
Además, el gobierno realizará un documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans, crear un programa de becas que llevara le nombre de "Vicky Hernández" para la población transgénero e implementar un plan de capacitación permanente para cuerpos de seguridad del Estado.
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De igual manera, el Estado adoptará un procedimiento para reconocer la identidad de género auto percibida que permita a esta población adecuar su información en el Documento Nacional de Identificación y registros públicos.
Otro compromiso del Estado es adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para las personas LGTBI víctimas de violencia y diseñar un sistema de recopilación de datos y cifras de casos de violencia y dar indemnización a sus familias.
En Honduras se registran 405 muertes violentas de personas LGBTI desde el 2009 hasta la fecha, según el Observatorio de Muertes Violentas de la organización Cattrachas.
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