Por lo tanto, llamó a la ciudadanía a nivel nacional a movilizarse a partir del 29 de agosto con el propósito de exigir que se efectúe la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.

"Esta semana, el Congreso Nacional ha estado sometido a un boicot por aquellos que no quieren transparencia, que se oponen al combate a la corrupción y que quieren impedir que se elija al fiscal general y adjunto, como manda la Constitución", expresó Castro durante la inauguración de un campo de fútbol en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital, Tegucigalpa.

De manera tácita, mandataria se refirió a la bancada del Partido Nacional, que condicionó y se mostró en contra de la derogación del decreto 116-2019, sugerida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para cimentar la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), y que durante las dos sesiones legislativas de esta semana se declaró en insurrección, provocando incluso disturbios en el Hemiciclo.

El Partido Nacional argumenta que no se les presta la palabra cuando intentan presentar una moción de orden que busca derogar el decreto 04-2022, conocido como "amnistía política", bajo el cual exfuncionarios de la Administración Manuel Zelaya (2006-2009), como Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, resultaron absueltos de penas y procesos judiciales abiertos por delitos contra la administración pública.

Sin embargo, la presidenta hondureña insistió en que el propósito de la bancada opositora mayoritaria es impedir que se realice la elección del fiscal general y fiscal general adjunto antes del 1 de septiembre, una situación que permitiría a la oposición mantener en el puesto al nacionalista Óscar Chinchilla, quien ha estado al frente del Ministerio Público durante los últimos 10 años.

Complejidades

El camino a la elección del fiscal general parece complejo. Aunque la Junta Proponente remitió el pasado 1 de agosto el listado con los cinco candidatos finales al cargo, que incluye a dos afines a Libertad y Refundación (Libre), dos al Partido Liberal y uno al Partido Nacional, la elección sí peligra si el Partido Nacional decide oponerse a emitir su voto.

Se requieren 86 votos para seleccionar a las nuevas máximas autoridades del Ministerio Público, por lo que sin los 43 votos del Partido Nacional se torna imposible alcanzar esa mayoría calificada que se requiere, empantanando la elección.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, cumplirán su mandato constitucional de cinco años el próximo 31 de agosto, pero, ante una eventual ausencia de elección, la imposibilidad de dejar acéfala la fiscalía general de la República los obligaría a ambos a seguir en sus cargos hasta que el Congreso Nacional celebre la elección de los relevos.

Para llegar a consensos, dentro de los círculos políticos se contempla la posibilidad de instaurar la figura de un segundo fiscal general adjunto y así repartir la fiscalía general de la República entre los tres partidos políticos más fuertes, o elevar a rango constitucional (mediante elección con 86 votos) al director general de la Fiscalía, cargo que siempre ha estado supeditado al fiscal general, quien incluso lo designa por confianza.

Sin embargo, según analistas consultados por tunota.com, como la abogada constitucionalista Ana Pineda, esto contravendría la Ley del Ministerio Público, que define a ese ente como "un organismo profesional especializado, libre de toda
injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado".

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