La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética y Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), acusando al gobierno hondureño de utilizar los recursos del Bono de Alivio Climático con fines políticos y clientelistas.

El programa, financiado con un préstamo de 70 millones de dólares otorgado por el BCIE, debía destinarse originalmente a atender a familias hondureñas afectadas por el cambio climático y los efectos de los huracanes Eta e Iota.

Sin embargo, la ASJ asegura que el bono está siendo distribuido sin criterios técnicos claros y, en muchos casos, en zonas donde no existe emergencia climática.

Entregas sin focalización ni transparencia

El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, declaró que durante una visita al municipio de Talanga, Francisco Morazán, observó entregas masivas del bono a pobladores que no residen en áreas de alta vulnerabilidad.

“No se observó la focalización. Por ejemplo, Talanga no es una de las zonas consideradas como vulnerables en extremo al tema climático. Sin embargo, miles de personas lo recibieron, y el criterio, según los mismos beneficiarios, era un tema electoral”, afirmó Hernández.

La denuncia encendió las alarmas entre diversos sectores que advierten un uso político de fondos internacionales, en un contexto preelectoral en el país.

Hernández añadió que el patrón detectado recuerda prácticas de compra de votos o clientelismo político, lo cual contraviene los principios de transparencia y uso ético de los recursos provenientes de organismos multilaterales.

Gobierno niega uso político

Desde el oficialismo, las acusaciones fueron rechazadas categóricamente. El diputado del Partido Libre, Marco Eliud Girón, afirmó que el programa ha sido auditado y ejecutado bajo parámetros técnicos, asegurando que se prioriza a las familias que realmente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad.

“Se le da a todos los que clasificaron. Fueron 200,000 personas o familias estudiadas, de las cuales solo clasificaron 110,000 hogares, en lugares vulnerables. Casi todo el país es vulnerable”, explicó Girón, defendiendo la distribución del bono y negando que exista sesgo político o manipulación electoral.

El préstamo del BCIE fue gestionado originalmente durante la administración de Juan Orlando Hernández con el propósito de aliviar los daños causados por los huracanes Eta e Iota en 2020. Sin embargo, solo se realizó un desembolso inicial debido a irregularidades detectadas en el manejo de los fondos por parte del entonces gobierno.

En ese contexto, expresidente del BCIE, Dante Mossi, reaccionó ante la nueva denuncia, exhortando al actual gobierno a rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos.

“Lo que sí no está bien es que el BCIE, siendo un banco multilateral que representa a varios Estados, se vea envuelto en controversias políticas. No se debe mezclar política con los programas financiados por el banco”, advirtió Mossi.

El patrón se repite

Analistas señalan que lo más preocupante es que ambos gobiernos —el anterior y el actual— han repetido el mismo patrón: acelerar la entrega del bono en periodos cercanos a procesos electorales. El politólogo Carlos Arévalo calificó la situación como “un mal endémico” que erosiona la confianza ciudadana.

“Todos los gobiernos hacen lo mismo: endeudan al país en nombre de los pobres y luego usan esos recursos con fines populistas. Es una estrategia para dar ayudas y querer tapar el sol con un dedo”, opinó Arévalo.

En 2021, el bono fue entregado a 46,000 beneficiarios con una inversión de 322 millones de lempiras, mientras que, cuatro años después, el monto ejecutado asciende a 661 millones de lempiras, beneficiando a más de 94,000 familias.

Si bien la ASJ y otros sectores sociales reconocen que el bono es una herramienta necesaria para aliviar el impacto de desastres naturales, advierten que el verdadero problema radica en el momento y propósito de su entrega.

Dar 7,000 lempiras a una familia afectada por las lluvias o sequías es positivo; lo que no puede aceptarse es que se use el sufrimiento de la gente para conseguir votos, señalan los entrevistados.