La reciente entrega del bono de alivio climático, financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha generado una fuerte polémica por su posible utilización con fines electorales.

El expresidente del BCIE, Dante Mossi, advirtió que si se comprueba el uso político de estos recursos, el gobierno podría enfrentar consecuencias legales y reputacionales.

Durante una entrevista con el noticiero TN5 Estelar de Canal 5, Mossi recordó que este bono fue aprobado desde 2021, durante la administración de Juan Orlando Hernández, para atender a las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota.

Irónicamente, indicó, conserva el mismo nombre y condiciones originales, pese a que el actual gobierno —que en ese entonces era oposición— fue uno de sus principales críticos.

"El nuevo gobierno reestructuró toda la cartera varias veces. El presupuesto se hizo más pequeño, se eliminaron componentes como viviendas para Banhprovi. Y mi sorpresa es que esta componente del bono se dejó viva, pese a que fue fuertemente criticada por el partido Libre cuando estaba en oposición", explicó Mossi.

¿A quién debe beneficiar el bono climático?

Según el economista, la principal preocupación radica en la aparente falta de criterios claros para seleccionar a los beneficiarios, lo cual ha despertado sospechas de uso clientelista del bono.

"Sí da la impresión de que se está entregando a quien se apunta en una lista", advirtió Mossi. "Así que hago una invitación gentil al gobierno y al BCIE a que publiquen más información, para que el público sepa cuáles son los requisitos para recibir este bono".

Mossi también enfatizó que una de las condiciones impuestas originalmente al gobierno anterior era que no se debía hacer política con la entrega del bono, un principio que —afirmó— no se está respetando.

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En este contexto, aseguró que el manejo de estos fondos será auditado y podría haber consecuencias si se demuestra que fueron entregados a personas que no fueron afectadas por desastres naturales.

Condenan deuda para bono climático

La crítica fue respaldada por otros sectores. Carlos Sabillón, presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH), calificó como condenable la práctica de endeudarse para luego utilizar los recursos con fines populistas.

"Eso es criticable y no tiene ninguna justificación. Son formas de no atender las verdaderas necesidades de la población, por andar regalando dinero que fue prestado", cuestionó Sabillón.

Gobierno defiende entrega del bono

No obstante, voces del oficialismo defienden el programa. Gilberto Ríos, secretario ejecutivo del Fondo Solidario para la Vivienda (FOSOVI), reconoció que sí existen familias que necesitan ese apoyo, sobre todo aquellas que viven en zonas de riesgo, y argumentó que el actual gobierno ha mostrado resultados tangibles con estos fondos.

"La presidenta Xiomara, hasta donde la ley se lo permitió, inauguró obras demostrando dónde está el dinero y dónde están los bonos. Además, el BCIE está certificando a quién se le entregan", apuntó Ríos.

"Estábamos en una lista", dicen beneficiarios

Sin embargo, testimonios recogidos por TN5 Estelar revelan que muchos beneficiarios no fueron notificados oficialmente, sino que simplemente se les indicó que estaban "en una lista" y que podían reclamar entre 3 mil y 7 mil lempiras presentando una copia de su Documento Nacional de Identificación (DNI), en puntos asignados por dirigentes del partido Libre.

Así, el bono climático parece repetir un patrón que se ha vuelto común en la política hondureña: mezclar asistencia social con estrategias de clientelismo electoral. Una práctica que, según críticos, mina la confianza pública, compromete la transparencia del Estado y pone en riesgo futuros desembolsos de cooperación internacional.

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