Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció este domingo durante su discurso en la instalación de la primera legislatura, que recibió la instrucción de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, que pidiera el apoyo del Legislativo para subastar y vender el avión presidencial.

Así lo detalló el congresista del Partido Nacional al afirmar que antes de la sesión legislativa el gobernante electo lo llamó y le pidió transmitir dicho mensaje al pleno del Congreso.

"Hoy recibí una llamada antes de ingresar a este recinto, y cuando constesté me dijo: 'mirá, papito, quiero pedirte un favor: que le pidás a tus compañeros diputados de todos los partidos que me ayuden y me urge que les pidás y solicités a todos que de manera urgente me autoricen vender el avión presidencial", relató Zambrano.

"Así que, compañeros, esperamos aprobar hoy o mañana la venta o subasta del avión presidencial y esperamos que todos nos acompañen. Creo que nadie va a rechazar, porque el lujo del poder no puede andar volando cuado existen tantas necesidades en nuestro pueblo", enfatizó.

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¿Se cumplirá esta vez la venta del avión presidencial?

El director ejecutivo de Bienes del Estado, Luis Sosa, reconoció en agosto de 2025 que es “bastante difícil” que la presidenta Xiomara Castro cumpliera su promesa de vender el avión presidencial, debido a que la aeronave no ha sido incorporada como patrimonio del Estado por irregularidades en su documentación.

Al respecto, Sosa explicó que en 2022 la institución recibió la instrucción y decidió suspender la venta del avión al constatar que los documentos no eran originales, presentaban borrones y solo contenían dos firmas no legibles, lo que impedía su inscripción legal.

Además, detalló que el avión ya estaba usado, con unas 3,000 horas de vuelo, lo que contraviene la normativa estatal que prohíbe adquirir bienes con uso previo, y que las bitácoras reflejan movimientos a distintos continentes con personas que viajaban con fuertes sumas de dinero estatal.

Sobre la responsabilidad de la documentación irregular, Sosa apuntó a quienes dirigieron la Tasa de Seguridad y vinculó la compra, valorada en unos 14 millones de dólares, a procesos discrecionales autorizados por funcionarios, uno de los cuales se encuentra detenido en Estados Unidos.

Actualmente, el avión permanece en un hangar, deteriorado y sin uso, aunque recibe mantenimiento anual cercano a los 300,000 dólares, un gasto que el funcionario considera injustificado, mientras se busca un mecanismo legal para incorporarlo al patrimonio estatal y eventualmente proceder a su subasta.

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