Son seis recomendaciones las que hace el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al proyecto de ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones y su dictamen de ley.
Primero, piden revisar cada una de las disposiciones del dictamen para adecuarlo de manera efectiva en base al artículo 100 constitucional y determinar que esos listados no son para compartirlos de manera irrestricta.
Segundo, el proyecto -señalan- puede crear una fragmentación entre la privacidad y la seguridad, pues "se pretende contraponer el derecho a una adecuada protección de los datos personales frente al interés público que supone la seguridad.
Tercero, la base de datos nacional de teléfonos móviles, "no resuelve ni contribuirá a reducir los niveles de inseguridad; y muy difícilmente se podrá contrarrestar la extorsión entre otros delitos", señala el Cohep.
Representa más bien un riesgo y atenta contra el artículo 72 de la Constitución alusivo a la libre expresión del pensamiento sin previa censura.
¿Qué más recomiendan?
Un cuarto punto es la recomendación del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, David Kaye.
"Los Estados deben revisar o establecer según corresponda las leyes y reglamentos nacionales que promuevan y protejan el derecho a la vida privada y a la libertad de opinión y expresión".
El Cohep como quinto punto dice que para la aprobación de esa ley debe realizarse una evaluación de impacto en la protección de datos personales y evitar el riesgo de abusos de las autoridades.
Y como último punto dicen que una restricción a la libertad de expresión que pretenda justificarse en la defensa de la seguridad nacional, no debe fundarse en una idea de seguridad nacional incompatible con una sociedad democrática.
"No tendría entonces una finalidad legítima un programa de vigilancia que, pese a invocar la defensa de la seguridad intercepte, capture o utilice información privada de disidentes, periodistas, defensores de derechos humanos con finalidades políticas.
La ley
El proyecto de ley contiene 18 artículos y la propuesta se basa en que el decreto Ejecutivo 71-2017, no se cumplió porque se omitió un procedimiento para adquirir un sistema que administrara la información de los usuarios y los números de teléfonos asignados.
El pleno del Congreso lo aprobó en dos debates, quedando pendiente el tercer y último debate.
El dictamen consta de seis acápites a modo de justificación de la comisión de dictamen, cinco considerandos y 31 artículos divididos en ocho capítulos.
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