El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE. UU., Brian A. Nichols, declaró este sábado que la Lista Engels se basa en hechos y evidencias, y no en consideraciones políticas, en un mensaje publicado en redes sociales.
El Departamento de Estado dio a conocer el viernes la lista que incluye a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica.
En una publicación en la red social de X, Nichols destacó que la Lista Engel "se elabora en Washington tras un riguroso proceso de revisión basado en evidencias de múltiples fuentes y eventos, guiado por hechos y no por consideraciones políticas".
La reacción de Nichols surge un día después de que el canciller hondureño, Enrique Reina, publicó que "desconocemos las medidas y listas unilaterales" realizadas "sin pruebas específicas" y que además tienen "un componente político", como reacción a la publicación de la Lista Engel.
¿Desvían la atención?
En ese sentido, el funcionario del Departamento de los Estados Unidos manifestó que: "El pueblo hondureño sabe que quienes figuran en la lista culpan a los diplomáticos para desviar la atención de sus propias acciones".
La Lista Engel incluye este año a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina Dubón, quien también reaccionó en una conferencia de prensa en la que calificó su inclusión en la Lista Engel de injerencia, un término muy usado en el actual gobierno ante los cuestionamientos que provienen del gigante americano.
Además de Dubón, figuran en la Lista Engel el exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022), Ebal Díaz, quien reaccionó con un comunicado en el que señaló que su inclusión es una estrategia de "lawfare" promovida por agentes políticos estadounidenses y hondureños con el fin de desacreditarlo.
Y, por último, la lista incluye a la abogada privada Lourdes Pamela Blanco Luque, esposa del titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero.
La Lista Engel, elaborada por el Departamento de Estado de EE. UU., tiene como objetivo identificar a funcionarios y exfuncionarios extranjeros involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos.
