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La Policía Nacional de Nicaragua entregó a Honduras a un presunto narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos, informó este domingo el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Mediante su cuenta de X, el funcionario reveló que se trata de Ricky Wendell Juárez Haylock, alias "Rasta o Ratafari". El hondureño de 42 años era uno de los connacionales más buscados del país.
Por él, la Policía Nacional ofrecía 500,000 lempiras de recompensa por información que diera con su paradero.
Detalló que alias "Rasta o Ratafari" fue entregado por la policía de Nicaragua a su similar de Honduras en el punto fronterizo Guasaule, en el departamento de Choluteca, al sur del país.
Orden de captura del extraditable
"Tiene orden de captura con fines de extradición, por el cargo de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína", precisó.
Además, Sánchez indicó que es requerido por el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por lo que será presentado ante las autoridades correspondientes en Tegucigalpa.
Finalmente, el titular de Seguridad señaló que el detenido será presentado en las próximas horas ante las autoridades competentes.
Extradiciones en Honduras
Desde 2014, Honduras ha extraditado a más de 50 ciudadanos solicitados por Estados Unidos, incluidos políticos y altos mandos de la Policía Nacional.
En 2022, las autoridades entregaron al expresidente Juan Orlando Hernández y al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla.
Hernández recibió una condena de 45 años de prisión, mientras que Bonilla fue sentenciado a 19 años, ambos en 2024 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Las extradiciones continuarán hasta enero de 2026. Esto, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro suspendiera la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos; presentada en agosto de 2024, tras alegar injerencias por parte de las autoridades estadounidenses.
Según el canciller Eduardo Enrique Reina, corresponderá al próximo gobierno hondureño decidir si mantiene o no estos procesos.