La Policía Nacional detuvo este martes a una mujer de 34 años por su presunta participación en un caso de estafa, tras recibir 300 mil lempiras como pago por la venta de un bien inmueble, del que no entregó las escrituras al comprador.

Según informaron las autoridades en redes sociales, la sospechosa "habría recibido 300,000 mil lempiras como pago por la venta de un terreno sin entregar las escrituras al comprador".

La captura se realizó en Jacaleapa, uno de los 19 municipios del departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, en cumplimiento de una orden judicial pendiente por el delito de estafa.

Con esta acción, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reafirma su compromiso de dar cumplimiento a las órdenes judiciales y velar por los derechos de las víctimas, señalaron las autoridades en su mensaje.

Se desconoce el nombre de la supuesta estafadora, así como la identidad de la víctima y el lugar exacto donde ocurrió la venta del terreno, así como su extensión.

¿Cuál es la pena por estafa en Honduras?

De acuerdo con el Código Penal de Honduras, la estafa es un delito tipificado que puede ser castigado con penas de prisión que van desde uno hasta seis años, dependiendo del monto defraudado y las circunstancias del caso.

En este tipo de delitos también se contempla la obligación de restituir el dinero o bienes sustraídos a la víctima, además de posibles multas adicionales.

La estafa, especialmente cuando involucra cantidades significativas como en este caso, es considerada un delito grave que la justicia hondureña persigue de manera estricta.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen más personas implicadas en la transacción irregular.

Otro caso: cae ingeniera civil por estafa y falsificación en Tegucigalpa

La DPI también capturó el jueves 31 de julio a una ingeniera civil de 29 años, acusada de falsificación de documentos y estafa en perjuicio de la fe pública y de testigos protegidos.

La detención fue realizada por un equipo especializado del Departamento Contra Delitos Comunes (DCDC) en el barrio El Centro de Tegucigalpa, luego de que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial emitiera la orden el 24 de julio.

La profesional, de quien no se brindó el nombre, habría comprometido la autenticidad de documentos oficiales y cometido presuntas estafas en contextos aún no detallados. Fue notificada de sus derechos y remitida a la instancia judicial correspondiente.

Hasta el momento, no se ha revelado el alcance económico del fraude ni el número de afectados, pero el Ministerio Público continúa con la investigación.

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