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Al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, fue enviado Ítalo Iván Lemus Santos, luego que el Juzgado de Letras de Catacamas, Olancho, le notificara una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión emitida por la Corte Tercera de Apelaciones por los delitos de asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.
La condena corresponde a 18 años de cárcel por el asesinato del ambientalista y exregidor Carlos Antonio Luna López y a ocho años y ocho meses por el intento de homicidio contra Silvia Esperanza Gonzáles Duarte, sobreviviente del ataque armado ocurrido en mayo de 1998.
Justicia para Carlos Luna tras 28 años del crimen
Lemus Santos, de 53 años, considerado uno de los principales autores materiales del crimen, fue capturado el martes 19 de mayo mediante una operación coordinada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Nacional, tras permanecer prófugo durante casi 28 años.
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Según informó el Ministerio Público (MP), la resolución judicial fue notificada mediante una audiencia Ad-Hoc desarrollada tras la detención de Lemus.
Carlos Luna López, un ingeniero agrónomo, político y reconocido defensor ambiental fue atacado a disparos el 18 de mayo de 1998 al salir de una reunión municipal en Catacamas donde ejercía como regidor.
Crimen de Carlos Luna ligado a denuncias ambientales
Luna se destacó por denunciar presuntos actos de corrupción vinculados con la entrega irregular de permisos madereros y la tala ilegal de bosques en Olancho. Según registros del caso, el ambientalista había advertido públicamente que recibía amenazas de muerte provenientes de distintos sectores, incluidos funcionarios públicos.
Su asesinato marcó uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores ambientales en Honduras y provocó condenas internacionales por la falta de protección estatal hacia activistas y líderes comunitarios.
En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado hondureño por violaciones al derecho a la vida de Carlos Luna y ordenó medidas de reparación para sus familiares, entre ellas atención psicológica y actos públicos de reconocimiento.
Un año después, el Estado pidió perdón públicamente a la familia del ambientalista durante una ceremonia realizada en Tegucigalpa.
"Faltan los autores intelectuales"
Tras la captura de Lemus Santos, el hijo del ambientalista, Baloi Luna, reaccionó exigiendo que las investigaciones alcancen a quienes habrían ordenado el crimen.
"Él es el autor material, pero hacen falta los autores intelectuales, los que le pagaron; tiene que hablar", expresó ante medios de comunicación.
Baloi Luna aseguró además que el detenido supuestamente integraba una estructura criminal que ha mantenido amenazas contra otros miembros de su familia. "Esa organización está financiada por políticos", denunció.
En videos difundidos tras la operación policial se observa al sospechoso sonriendo mientras era bajado de un vehículo táctico de la Policía Nacional.
Violencia contra ambientalistas persiste
El caso de Carlos Luna vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores ambientales en Honduras, uno de los países señalados por organismos internacionales por la violencia contra activistas comunitarios.
La captura ocurre mientras avanza otro caso de alto impacto: el asesinato del ambientalista y regidor Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.
Por ese crimen, tres supuestos autores materiales enfrentarán juicio en junio próximo. Además, las autoridades reportaron la captura de tres presuntos autores intelectuales, entre ellos el exalcalde de Tocoa Adán Fúnez, a quien Juan López señalaba públicamente por supuestas irregularidades relacionadas con permisos para operaciones mineras a las que él se oponía.
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