El Ministerio Público (MP) amplió el requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, incorporando el testimonio de un testigo protegido que asegura haber escuchado una conversación en la que supuestamente se ofrecieron 200,000 lempiras para ejecutar el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
De acuerdo con la información, el testigo protegido afirma al MP que dicha suma de dinero habría sido destinada a distribuirse entre varias personas encargadas de ejecutar el hecho violento, lo que refuerza la hipótesis fiscal de un crimen por encargo (sicariato).
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Testimonio hundiría a Adán Fúnez y otros presuntos implicados
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, señaló en noticieros TN5 de Canal 5 que el expediente cuenta con diversos elementos probatorios, además del testimonio protegido, entre ellos vaciados telefónicos y escuchas.
"Obviamente que hay testigos protegidos, hay otros testimonios, hay vaciados telefónicos, hay escuchas", dijo Mora, al afirmar que la carga probatoria será expuesta durante el proceso judicial.
Detención de Fúnez y otros imputados
Adán Fúnez y dos hombres más identificados como Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos fueron detenidos el pasado 12 de mayo mediante allanamientos realizados en Tocoa. El MP los señala como presuntos autores intelectuales del asesinato de Juan Antonio López y por el delito de asociación para delinquir.

Ese mismo día fueron presentados en audiencia de declaración de imputados en un juzgado de La Ceiba, Atlántida, donde se les dictó prisión provisional. El juez de la causa programó la audiencia inicial para este viernes 15 de mayo a las 9:30 de la mañana en los juzgados de San Pedro Sula.
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"La carga probatoria es suficiente para demostrar la culpabilidad de estas tres personas", afirmó el vocero del MP.
Juicio por el crimen de Juan López
Otros tres hombres enfrentarán juicio en junio próximo como supuestos autores materiales del asesinato de López.
El caso de Juan Antonio López ha adquirido una dimensión política y judicial de alto impacto, ya que la Fiscalía sostiene la existencia de una posible estructura organizada orientada a silenciar a uno de los principales defensores ambientales del Bajo Aguán.
Además de su labor ambientalista, López era regidor de la alcaldía de Tocoa y crítico de la gestión de Adán Fúnez, a la que señalaba por supuestos actos de corrupción vinculados a proyectos mineros a los que se oponía. También se desempeñaba como delegado de la Palabra en la Iglesia Católica.
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