En el debate del foro Frente a Frente de este viernes 23 de octubre se discutió la acción emprendida por el Ministerio Público al emitir un requerimiento fiscal y solicitar una orden de captura contra el extitular del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros exintegrantes de la extinta Comisión Permanente.
La acusación comprende un total de 21 delitos derivados de actuaciones legislativas, atribuyéndole a Redondo cuatro cargos específicos: perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
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El origen de la acción penal radica en las resoluciones adoptadas por la Comisión Permanente en enero de 2026 mediante el Decreto 58-2025, a través del cual se ordenó completar el conteo de más de 5,000 actas de las elecciones generales de 2025.
En el foro estuvieron presentes la diputada por el Partido Nacional, Merari Díaz; El diputado y jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ronald Edgardo Panchamé; el analista Edgardo Rodríguez; el exdiputado de Libre, Ramón Barrios (vía Zoom); y el abogado penalista, Raúl Paniagua.
Restablecimiento del orden y freno a la impunidad
Desde la perspectiva del Partido Nacional, la diputada Merari Díaz defendió que la acción de la Fiscalía responde a una exigencia ciudadana por poner límites a los excesos cometidos desde el poder legislativo.
Según la congresista, la Comisión Permanente sobrepasó sus atribuciones constitucionales al intentar desconocer la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"No, eso es la consecuencia de aquellas acciones donde se pretendió romper el orden constitucional donde usurparon funciones ( ... ) Nadie está por encima de la ley", manifestó.
Persecución política y denuncia de un debido proceso violentado
En contraposición, el jefe de bancada de Libre, Ronald Edgardo Panchamé, catalogó las órdenes de captura como una maniobra política de los sectores de oposición para desarticular a su partido y desviar la atención de los problemas económicos que atraviesa el país.
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Sostuvo que las decisiones de la Comisión Permanente estuvieron estrictamente amparadas en el artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República para garantizar la transparencia electoral.
"Si los requerimientos fiscales los anuncian primero los políticos significa que son los políticos los que están detrás de lo que viene, por eso es que nosotros mencionamos que es un tipo de persecución política", manifestó.
El parlamentario también cuestionó el trato diferenciado de la justicia hondureña al afirmar que existe un patrón de persecución recurrente.
"A unos les dan cartas de libertad y a otros los acusan por temas meramente políticos", agregó.
Por su parte, el abogado Ramón Barrios reforzó la postura de la defensa al denunciar que las autoridades del Ministerio Público violentaron el derecho de defensa de los imputados al no proporcionarles la información de las investigaciones en curso.
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"No es un acto normal que cuando hay un expediente investigativo ( … ) y comparecen los investigados a solicitar que se le informen cuáles son los casos… el Ministerio Público no le informe y guarde silencio", dijo Barrios.
Agregó que "aquí estamos no frente a un caso jurídico sino frente a un caso político donde hay una denegación, un retardo y no un debido proceso".
El analista político Edgardo Rodríguez valoró el requerimiento fiscal como una muestra de que las instituciones encargadas de impartir justicia están comenzando a actuar sin importar el color político de los involucrados.
Rodríguez instó a la clase política a someterse a los tribunales independientes y dejar de deslegitimar los procesos bajo el argumento recurrente del sesgo partidario.
"Dejen esa cantaleta de que es persecución política porque entonces nos vamos a ir a la eternidad con la impunidad de la cual el pueblo hondureño está cansado", sentenció.
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