El caso del hombre de San Pedro Sula obligado a pagar 6,000 lempiras mensuales por la manutención de un menor tomó un nuevo rumbo este jueves, luego de que su abogado anunciara la presentación de un recurso de apelación para solicitar la revisión de la resolución judicial.
La defensa sostiene que durante la audiencia celebrada en el Juzgado de Violencia Doméstica se vulneraron garantías fundamentales de su representado, entre ellas, el derecho a contar con asistencia legal y a revisar el contenido del acta antes de firmarla.
El caso se hizo público esta semana después de que el abogado Cristóbal Mejía cuestionara la decisión de ordenar a su cliente el pago de una pensión por un niño que, según asegura, no es su hijo biológico ni aparece como padre en el acta de nacimiento.
Sin embargo, existe una versión diferente por parte del Poder Judicial. Según explicó el portavoz de los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula, Ruy Barahona, el hombre fue denunciado por violencia doméstica por la madre del menor y, durante la audiencia, habría manifestado ante la jueza que el niño era suyo, aunque no lo había reconocido legalmente.
Defensa presenta recurso de apelación
El abogado Cristóbal Mejía confirmó que este jueves vence el plazo para presentar el recurso y aseguró que su equipo legal acudirá ante la instancia correspondiente para solicitar que se revise la decisión.
Según explicó, la defensa busca principalmente que se respete el derecho de su representado a un debido proceso y a contar con una defensa técnica durante las actuaciones judiciales.
Mejía sostiene que su cliente no habría tenido a su abogado presente durante la audiencia y que tampoco se le permitió leer el acta antes de firmarla.
De acuerdo con el relato del profesional del derecho, su representado solicitó al juez y al secretario que le permitieran revisar el documento para verificar que lo que estaba escrito correspondiera con sus declaraciones, pero asegura que esa petición no fue atendida.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos que la defensa pretende plantear ante la instancia de apelación.
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¿Qué pide la defensa?
El recurso contempla varias solicitudes. Entre ellas, la representación legal pretende que se declare la nulidad de la audiencia y de la sentencia, bajo el argumento de que se habrían vulnerado garantías fundamentales.
Además, el abogado solicita que en el proceso sea incorporada la persona que aparece como padre del menor en el acta de nacimiento.
La defensa considera que este documento debe ser tomado en cuenta para determinar la filiación y las responsabilidades relacionadas con la manutención del niño.
“Que llamen al responsable que aparece como padre en el acta de nacimiento del menor”, plantea la defensa como parte de sus argumentos.
El abogado sostiene que su representado únicamente mantuvo una relación sentimental con la madre del niño y que durante ese período le brindaba apoyo económico de manera voluntaria.
El acta de nacimiento está en el centro de la controversia
Uno de los principales puntos planteados por la defensa es precisamente el contenido del documento de nacimiento del menor.
Mejía asegura que en el acta aparece otra persona como padre del niño, por lo que cuestiona que la obligación económica haya recaído sobre su cliente.
El abogado mostró durante la entrevista el documento y sostuvo que, desde su perspectiva, la filiación debe analizarse tomando en consideración los registros oficiales.
No obstante, el hecho de que exista un padre consignado en el acta no permite por sí solo concluir cuál será el resultado de la apelación ni determina automáticamente cómo resolverá la instancia superior este caso concreto.
La decisión sobre la obligación de alimentos y los argumentos presentados por ambas partes deberán ser analizados por las autoridades judiciales competentes.
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¿Cómo comenzó el caso?
El conflicto judicial se originó después de una relación sentimental entre el hombre y la madre del menor.
Según lo explicado inicialmente por la defensa, durante la relación el ciudadano ayudaba económicamente a la mujer debido a su situación económica.
Tras finalizar la relación, la madre habría acudido al Juzgado de Violencia Doméstica.
El juzgado terminó estableciendo una obligación de 6,000 lempiras mensuales para el hombre, una decisión que su abogado cuestionó y que ahora busca revertir mediante la apelación.
La defensa insiste en que la ayuda económica que su cliente proporcionaba durante la relación era voluntaria y no derivaba de un vínculo de paternidad.
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La apelación podría cambiar el rumbo del caso
Con la presentación del recurso, el expediente pasará a una etapa en la que una instancia superior deberá revisar los argumentos planteados por la defensa.
El abogado busca que se revise la forma en que se desarrolló la audiencia, la validez de la resolución y la situación jurídica relacionada con la manutención del menor.
También pretende que sea incorporada al proceso la persona que figura como padre en el acta de nacimiento.
Por ahora, la sentencia que ordena el pago de 6,000 lempiras mensuales es objeto de impugnación, por lo que no corresponde presentar como definitiva la posición de ninguna de las partes respecto al resultado final.
