El Gobierno de Honduras volvió a solicitar una quinta prórroga al memorándum de entendimiento con Naciones Unidas, el documento que marca el inicio del proceso para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Pero más que esperanza, el anuncio encendió la crítica y la desconfianza. Para la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, esta nueva extensión no es más que parte de una “estrategia política para distraer, confundir y desinformar” a la ciudadanía.
Y lo deja claro: “Es culpa de Libre, de la abogada Rixi Moncada que lideró la comisión internacional para la negociación y de la presidenta, que Honduras hoy, después de tres años y medio de este gobierno, no tenga una CICIH en el país”.
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Un memorándum sin fuerza vinculante
El documento que el Gobierno firmó con la ONU el 15 de diciembre de 2022 para iniciar el proceso no es vinculante.
Es decir, no obliga legalmente ni a Naciones Unidas ni al Ejecutivo hondureño a instalar la CICIH, Según Mena.
Eso, considera, lo utiliza el oficialismo como excusa para dilatar indefinidamente el proceso sin consecuencias políticas o legales.
“Ya es la quinta prórroga de un papel que no obliga a nadie”, dijo la diputada, para quien el Gobierno tuvo tiempo suficiente para cumplir.
“En lugar de avanzar, hacen todo lo contrario”, señaló.
Las trabas del oficialismo
Para la diputada opositora, el panorama es claro: el oficialismo no quiere una verdadera lucha contra la corrupción.
Criticó que no se firme el convenio formal con la ONU, que se distorsione la agenda legislativa en materia anticorrupción y que se ignoren los mecanismos establecidos en el propio memorándum.
Además, cuestionó abiertamente a Rixi Moncada: “Es una persona que no está convencida de un mecanismo internacional. Y sin convicción, no hay voluntad”, afirmó.
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¿Una promesa?
La llegada de la CICIH fue una de las promesas de campaña más fuerte de la presidenta Xiomara Castro.
La anunció como el pilar de su política anticorrupción, lo generó grandes expectativas en una ciudadanía golpeada por años de impunidad.
Pero hoy, a poco menos de un año para que termine su mandato, la comisión sigue sin llegar, el convenio no se firmó y el discurso anticorrupción parece diluirse en promesas repetidas y prorrogadas.
La estrategia del Gobierno parece alejarse de su compromiso inicial. La prórroga número cinco suena, según Mena, más a una evasiva que a una solución.
La CICIH, que un día fue bandera de esperanza, hoy se desvanece con una sospecha de falta de voluntad.
Y la pregunta es inevitable: ¿cuántas prórrogas más soportará la promesa antes de que se declare muerta?
