El gobierno de Honduras solicitó oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una nueva prórroga del memorando de entendimiento suscrito para continuar las negociaciones sobre la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La CICIH fue un compromiso firmado por el gobierno de Xiomara Castro con la ONU en 2022 y, aunque fue vista como un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, el acuerdo ha sido prorrogado en cuatro ocasiones.

La última extensión vence este mes de junio, por lo que el gobierno busca garantizar la continuidad del proceso mediante una nueva ampliación del memorando.

Solicitud a la ONU para negociar la CICIH

Mediante una misiva fechada el 11 de junio de 2025, el canciller Javier Efraín Bu Soto dirigió la solicitud al subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča —representante del organismo en estas negociaciones— en la que destacó los avances logrados en el proceso bilateral y la importancia de concretar el mecanismo anticorrupción.

En la carta, el canciller reconoció la labor del equipo de expertos designado por Naciones Unidas, así como el trabajo conjunto con la comisión del gobierno integrada por la abogada Rixi Moncada Godoy y el ex canciller Eduardo Enrique Reina.

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"Creemos que los trabajos deben alcanzar acuerdos favorables para ambas partes y cumplir con el mandato de la presidenta Xiomara Castro para instalar el mecanismo internacional anticorrupción en nuestro país", subrayó el documento.

Reformas pendientes en el Congreso para la CICIH

El gobierno hondureño recordó que varios proyectos de ley, requeridos por el grupo de expertos de la ONU como condición previa a la instalación de la CICIH, aún se encuentran en discusión en el Congreso Nacional. Entre ellos destacan:

  • Reforma al Código Procesal Penal (artículos 96 y 99) para incluir la figura del querellante autónomo.
  • Reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para eliminar la inmunidad parlamentaria establecida en el Decreto 117-2019.
  • Solicitud de interpretación del concepto de "más altos funcionarios", según el artículo 313, numeral 2, de la Constitución.
  • Reforma al artículo 28 de la Ley de Municipalidades, relativa a las responsabilidades de regidores y alcaldes.

Gobierno solicita prórroga hasta diciembre

Dado que el memorando de entendimiento tiene una vigencia inicial de seis meses prorrogables, el gobierno solicitó formalmente extender su validez hasta el 15 de diciembre de 2025.

"Es una prioridad del Gobierno de la República el combate a la corrupción público-privada de alto impacto, a través de un mecanismo internacional con amplias facultades, que coadyuve libre y de manera autónoma con las instancias de investigación fiscales y judiciales", concluyó el canciller Bu Soto.

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