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En el programa Frente a Frente de Canal 5, se analizó este martes en profundidad la citación del Ministerio Público (MP) a exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, incluyendo a Luis Redondo Guifarro, expresidente del Legislativo.
La investigación busca esclarecer posibles actuaciones ilegales relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas en diferentes períodos.
Las diligencias son lideradas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). Esta fiscalía indaga presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y otros ilícitos vinculados con la administración pública.
Según información oficial, las investigaciones se centran en decisiones adoptadas por la Comisión Permanente del Congreso, que, según indicios preliminares, habrían excedido las facultades establecidas en la Constitución y las leyes que rigen el Congreso Nacional.
La citación afecta a nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de la Comisión, varios de los cuales todavía ocupan cargos como diputados.
Debido a la inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público debe aplicar procedimientos especiales para citar a estos funcionarios. Entre los citados figuran Luis Redondo, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.
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Asimismo, las autoridades informaron que aún no se ha definido la fecha y hora para que comparezcan otros actuales congresistas, como Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.
El debate en el programa se centró en determinar si las decisiones tomadas por la Comisión durante el receso legislativo, como la elección interina de fiscales, constituyen abuso de autoridad o si estaban protegidas por inmunidad parlamentaria.
Para analizar este tema, participaron abogados penalistas y constitucionalistas como Marcos Celaya, Luis Romero, Oliver Erazo y Raúl Suazo. Ellos aportaron diferentes perspectivas jurídicas sobre el alcance del poder punitivo del Estado frente a la función legislativa.
Justicia o persecución en el marco del estado de derecho
La postura del abogado Marcos zelaya enfatizó que, aunque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier noticia de un delito, existe el riesgo de una instrumentalización política.
Zelaya advirtió sobre la posibilidad de que este proceso se convierta en una "cacería de brujas" contra la oposición.
"Hay que tener sumo cuidado ( … ) los límites del Ministerio Público no deben de llegar más allá de lo que la ley le permite para evitar precisamente este tipo de situación que estamos viviendo el día de hoy ( ... ) para evitar instrumentalizar el Ministerio Público para que persiga a la oposición en este momento y eh evitar tomar algún tipo de represarias a un futuro no lejano", manifestó.
Por su parte, el abogado Luis Romero sostuvo que, independientemente de la opinión pública sobre las acciones de los diputados, la ley vigente les otorga una protección especial.
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Romero destacó que el artículo 10A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que la función legislativa es inviolable y no acarrea responsabilidad penal.
"La función legislativa es inviolable e indelegable consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma ( … )no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal civil y administrativa a los diputados y diputadas que participen en dicho proceso parlamentario", señaló el abogado Romero.
La crisis de desconstitucionalización y los excesos de poder
En contraste, el abogado Oliver Erazo planteó que el país vive un fenómeno de "desconstitucionalización", donde la Constitución pierde su valor normativo frente a los intereses políticos.
Erazo argumentó que la inmunidad parlamentaria no puede ser un cheque en blanco para violentar la Carta Magna, diferenciando claramente la iniciativa de ley de la violación de preceptos constitucionales.
"Una cuestión es la función legislativa la iniciativa de ley, por ejemplo, dentro de la función legislativa y otra cosa es que dentro de la función legislativa tú violas la Constitución son cosas totalmente distintas", dijo Oliver Erazo.
Finalmente, el abogado Raúl Suazo coincidió en que la Comisión Permanente es un órgano de carácter meramente administrativo que no puede subrogarse funciones que pertenecen exclusivamente al pleno del Congreso, como la elección de un Fiscal General.
Suazo señaló que el Ministerio Público debe investigar si hubo dolo o un "error de prohibición" en las actuaciones de los legisladores.
El foro concluyó contrastando que, mientras unos ven en la citación un paso necesario para sentar precedentes contra la arbitrariedad, otros temen que sea el inicio de un nuevo capítulo de confrontación jurídica que debilite aún más la seguridad jurídica del país.
Se destacó además la existencia de un recurso de inconstitucionalidad contra la inmunidad parlamentaria, pendiente desde 2019, cuya resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia podría redefinir si los diputados deben seguir siendo una "clase privilegiada" ante la ley.