El Congreso Nacional aprobó declarar la ineficacia y la no aplicabilidad de la supuesta Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, tras detectarse su publicación irregular en el diario oficial La Gaceta.
La decisión legislativa se adoptó al comprobar que el decreto arrastraba un veto presidencial emitido en marzo de 2023 por la entonces mandataria Xiomara Castro, el cual nunca fue ratificado con la mayoría calificada constitucional.
Durante la sesión, el pleno abordó las severas anomalías procedimentales en torno a la difusión del texto, exigiendo que se investigue a los responsables.
Irregularidades en la publicación y falta de ratificación constitucional
La controversia salió a la luz tras una investigación periodística que reveló que el proyecto fue divulgado en La Gaceta en enero de 2026, casi tres años después de haber sido vetado por el Ejecutivo.
El diputado Antonio Rivera Callejas explicó que, de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución de la República, un veto presidencial obliga a devolver el decreto al Congreso Nacional para su nueva discusión y votación por dos tercios de los legisladores.
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Al no haberse cumplido este requisito procesal ni alcanzado los votos necesarios debido al contenido polémico de la normativa, el documento carecía de validez jurídica para convertirse en ley de la República.
Remisión a los entes de investigación y postura de las bancadas
Ante la imposibilidad jurídica de proceder con una derogación formal al tratarse de un texto viciado de nulidad, el pleno optó por decretar su inaplicabilidad absoluta y trasladar el expediente a los órganos competentes.
Durante el debate, los parlamentarios analizaron la cadena de responsabilidades administrativas entre el poder legislativo anterior y el manejo del diario oficial respecto a la emisión de decretos sin sustento legal.
Asimismo, se cuestionó el contraste en los tiempos de divulgación de documentos oficiales, señalando que la falta de procedimientos transparentes vulnera la seguridad jurídica del Estado hondureño.
Reacciones y alcance de la medida legislativa
La medida adoptada por el Congreso busca frenar los efectos jurídicos de una disposición que no cumplió con las etapas constitucionales.
Los directivos y legisladores enfatizaron que el enfoque principal de la resolución no es el contenido social de la normativa, sino la defensa estricta del ordenamiento jurídico y el respeto a las disposiciones constitucionales.
El poder legislativo zanja la controversia generada en torno a la publicación extemporánea y reitera la obligación de cumplir rigurosamente con los procesos de sanción y veto.
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