El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante el Ministerio Público un presunto esquema de corrupción en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), mediante el cual 33 bienes inmuebles que ya formaban parte del patrimonio del Estado habrían sido transferidos irregularmente a terceros, sin recibir ninguna contraprestación económica.
El caso, denominado "OABI: esquema de ventas simuladas", señala como principal denunciado al exdirector ejecutivo de esa institución, Francisco René Flores Bonilla, además de dos particulares que supuestamente participaron en las operaciones: uno a título personal y otro en representación de una sociedad mercantil.
Durante la presentación de la investigación, el CNA explicó que se habrían utilizado dos procesos de subasta pública, realizados en 2021 y 2022, para dar apariencia de legalidad a las transferencias. Sin embargo, la propia institución confirmó que los 33 inmuebles no fueron incluidos en esos procedimientos.
Según el CNA, los supuestos compradores tampoco estaban debidamente inscritos como participantes ni presentaron ofertas. La organización sostiene que estas operaciones se realizaron al margen de los requisitos establecidos para las subastas.
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Sin evidencia de pago por los inmuebles
Otro de los hallazgos de la investigación es que no existe documentación que demuestre que los compradores pagaron por las propiedades ni que los fondos ingresaron a las arcas de la institución.
De acuerdo con el CNA, en 22 de los 33 inmuebles no se encontró evidencia de pago, ya fuera total o fraccionado. Además, se identificaron inconsistencias en los registros, pues algunas propiedades aparecen inscritas a nombre de supuestos compradores en el Instituto de la Propiedad, mientras continúan figurando bajo custodia de la OABI.

La investigación también identificó irregularidades en cuatro testimonios de escrituras públicas e indicios de posible falsificación de documentos y usurpación de identidad de dos notarios.
A esto se suman avalúos desactualizados. El CNA detalló que 22 propiedades tenían valoraciones realizadas en septiembre de 2013, cuyo valor conjunto era de 7 millones 439 mil 818 lempiras. Sin embargo, en los testimonios de compraventa aparecieron por poco más de dos millones de lempiras, sin que exista constancia de que ese dinero fuera pagado.
Bienes podrían regresar a estructuras criminales
Los 33 inmuebles corresponden a dos viviendas, una ubicada en la colonia Villas Mackay, en San Pedro Sula, y otra en Residencial Villa Española, además de 31 lotes de terreno en La Ceiba. Todos habían sido declarados en comiso mediante dos sentencias judiciales y ya formaban parte del patrimonio del Estado hondureño.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, advirtió que los bienes podrían estar regresando a manos de estructuras criminales mediante terceros y cuestionó la actuación del exdirector de la institución.

"Estamos hablando de estructuras criminales, no solamente es una o dos personas que están involucradas en este caso", advirtió Castellanos.
Por estos hechos, el CNA denunció al exdirector de la OABI y a los dos particulares por la presunta comisión de fraude, falsificación de documentos públicos y usurpación de la personalidad de otro.
En el caso del exdiretor de la OABI también se señaló el presunto delito de malversación por apropiación.
La organización no reveló los nombres de los supuestos compradores para no comprometer las investigaciones que deberá realizar el Ministerio Público.
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