El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) instó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a declarar inconstitucional la amnistía política, llamada también "pacto de impunidad" debido a que ha beneficiado a exfuncionarios acusado de corrupción.
Esta petición surge por la preocupación sobre el respeto a la independencia judicial, que el CNA considera amenazada por intereses partidarios del actual gobierno.
En un comunicado publicado este lunes, el CNA critica la práctica de decisiones unilaterales en la presidencia de la CSJ, por lo que enfatiza en la necesidad de convocar sesiones para conformar listas de magistrados suplentes, conforme a lo establecido en el reglamento interior de la Corte.
"El Pleno debe considerar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que han manifestado que una amnistía amplia puede socavar el acceso a la justicia", señaló el pronunciamiento.
En ese sentido, el CNA exhorta al pleno a declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 04-2022, en virtud de varios antecedentes.
El primero, las irregularidades y vicios en el proceso de presentación y aprobación de la Ley, al omitir la normativa vinculante.
Además, los marcados conflictos de interés que han beneficiado a exfuncionarios afines al actual gobierno acusados por delitos contra la administración pública.
También, la incertidumbre jurídica del alcance y aplicación de los criterios técnicos entre los distintos órganos jurisdiccionales sobre los delitos políticos.
Para el CNA, la vigencia de la amnistía política seguirá propiciando justicia selectiva e impunidad en Honduras.
De ahí que la organización de sociedad civil hizo un llamado a los magistrados de la CSJ a respetar la institucionalidad y a no negociar con el deseo de justicia de los hondureños.
Enfatizó también que el respeto a la ley es fundamental para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.
A quiénes ha beneficiado la amnistía política
Este decreto aprobado en febrero de 2002 ha exonerado a diversos exfuncionarios, algunos presos políticos y otros vinculados a delitos de corrupción, en su mayoría del gobierno de Zelaya, lo que ha generado críticas.
Entre los beneficiados están el exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, el exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, el extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) César Arnulfo Salgado y el hermano de la diputada Silvia Ayala, Germán Enrique Ayala, quienes fueron procesados por delitos de corrupción pública y el último por un delito de incendio agravado en perjuicio de Hondutel.
También ha sido beneficiado el exalcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunceri, acusado por varios casos de corrupción.
Aprobación de la amnistía política
El decreto legislativo No. 4-2022, que contiene la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan", conocida como amnistía política, fue publicada en el diario La Gaceta el 4 de febrero de 2022.
Es de mencionar que el 8 de marzo de 2022 la jueza Karla Romero presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitirá una resolución clave sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía Política.
También puede leer: Amnistía política 'nunca fue un sobre blanco para jueces': Jari Dixon Herrera
