Su primer paso fue conformar una subcomisión para analizar casos en los que se ordenaron desalojos que no se ejecutaron, varios de estos en la zona norte de Honduras.

"Estamos trabajando los diferentes instrumentos jurídicos para poder aplicar todas las órdenes de desalojos judiciales o demás instrumentos para que vuelva la calma al país", dijo a periodistas el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funez.

Esta subcomisión no será operativa, tampoco ordenará desalojos, sino que, a la luz de la ley vigente analizará cada caso a efecto de determinar porqué no ha sido resuelto. De igual forma, se detalla que más de un millar casos se encuentran entrampados.

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"Las órdenes judiciales que existan, en eso el Gobierno será implacable de ponerlas en práctica. Ya no nos podemos dar el lujo en el país de continuar con anarquías e inseguridades a la inversión", agregó Funez.

Prioridad

Uno de los puntos importantes de la comisión será el Valle de Lean, en Atlántida, donde últimamente se registraron varias tomas por parte de supuestos grupos campesinos.

En ese sentido, se pretende evitar la anarquía mediante acciones estratégicas y viendo el marco jurídico del caso, con respeto a la dignidad humana, sostuvo el titular del INA.

Aquellos casos donde existan órdenes judiciales no ejecutadas son una prioridad para esta subcomisión.

Los datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), detallan que alrededor de 2,400 millones de dólares (cerca de 60,000 millones de lempiras) se han dejado de invertir en el país, a causa de las invasiones.

Las luchas por la tenencia de tierras han tenido mayor fuerza en Colón, pero en los meses más recientes se han extendido a cinco departamentos más: Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía y Lempira.

La invasión de tierras es un problema que amenaza la estabilidad y la paz social, además de poner sobre base movediza la economía, la producción, la seguridad alimentaria y la llegada de inversión.

Anuncio de su creación

La presidenta Xiomara Castro anunció el pasado martes la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

"Hoy en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se crea la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra", indicó Castro en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión.

Agregó que el sector agropecuario aporta el 12,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 35 % de las exportaciones del país corresponden a este sector; cuya actividad se desarrolla básicamente en el sector rural, donde el 63 % de la población vive en condición de pobreza y el 50 % en extrema pobreza.

"Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados", subrayó Castro.

Además, dijo que no puede desconocer "las condiciones precarias" del sector rural y agrícola del país, donde la población "lucha a diario por llevar alimentos a sus casas" mientras otros sectores "gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades producto de injustos modelos económicos".

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