"Si hay tierras que se deben expropiar que sea bajo criterios estrictos y no arbitrarios", dijo Herrera, luego que las autoridades del país anunciaran la creación de una comisión agraria para buscar soluciones a grupos de hondureños que no han tenido acceso a la tierra.

Según el anuncio de las autoridades hondureñas, existe la posibilidad de reformar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola que impide al Instituto Nacional Agrario INA hacer uso de tierras privadas aunque estén ociosas o abandonadas para dárselas a campesinos, mujeres y poblaciones indígenas.

Al respecto, el subdirector del INA, Rafael Alegría, no descartó que haya expropiaciones de tierras, pero todo dependerá de estudios y análisis que haga previamente la comisión agraria.

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"Podría haber (expropiaciones) pero (si las tierras) no cumple la función social, es decir, habrá que esperar cómo la comisión conforma un decreto orientado a recuperar tierras", indicó Alegría.

A su vez, el funcionario explicó que acudirán al mecanismo del diálogo en caso de que las tierras a expropiarse estén ocupadas estén en producción. "A esto se le llama una solución consensuada a la problemática agraria".

Expropiaciones legales

En ese sentido, Santiago Herrera, del Cohep, indicó que las expropiaciones no deben ser al antojo de quienes tengan que intervenir en esos asuntos.

"Lo peor que puede pasar en esta materia es la discrecionalidad a la hora de tomar acciones, y que el INA empiece a decidir de manera irrestricta, ilimitada o arbitraria cualquier decisión de esa naturaleza" porque "el que tiene una tierra es porque la pagó o porque la heredó, pero no es porque se le antoja a alguien que se le va a quitar", dijo.

Herrera también espera que, en caso de que el Estado quiera expropiar tierras privadas, defina un justiprecio bajo criterios técnicos y no antojadizos.

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El Gobierno ha pedido al sector empresarial que traslade a las autoridades que corresponda la documentación que evidencie la tenencia y propiedad de tierras que estén en producción.

Esto ayudará a constatar que la posesión es legal, y si están tomadas o invadidas por algunos grupos de personas, procederán a desalojarlos.

Negociaciones

Pero, en caso de que una empresa acredite que hizo producir un terreno nacional o ejidal y está invadido, puede haber una negociación de compra de ese predio, dijo el asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano.

"Se puede dar esa oportunidad (para que la empresa siga produciendo), y el dinero que se pague al Estado se puede utilizar para dar asistencia técnica a los campesinos", sostuvo Solórzano.

Al mismo tiempo, Solórzano aplaudió la decisión del Gobierno de ordenar el desalojo de tierras productivas invadidas, que según estimaciones superan las 36 mil manzanas en varios departamentos del país.

"Es la primera vez que se reconoce la usurpación de tierras por parte del Gobierno y es necesario tomar acciones inmediatas", expresó el representante legal del Cohep.

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